La Xunta rechaza los criterios del Estado en el reparto de los fondos de recuperación al limitar las competencias autonómicas y poner en peligro el apoyo al empleo

En el día de hoy tuvo lugar a LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la Vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El principal tema tratado fue la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ( MRR), y el diseño impuesto por el Gobierno de España en cuanto al destino de las ayudas y las condiciones de su distribución.

En un comunicado conjunto, los conselleiros de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, y la Región de Murcia mostraron su rechazo la esta invasión de competencias, puesto que la participación de las comunidades autónomas que suscriben esta declaración fue puramente testimonial.

Los representantes de estos gobiernos autonómicos quieren remarcar que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo.

Los gobiernos de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León muestran su desacuerdo con el comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión. Denuncian, por tanto, que se impongan los destinos funcionales de los fondos sin, además, incorporar recursos financieros suficientes para desplegarlos en tiempo y forma.

Asimismo, denunciaron la opacidad en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las CCAA, sin que se dio a conocer los criterios con los que van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi 3 de cada 4 euros de la totalidad de fondos que recibirá España.

Los representantes de los gobiernos autónomos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que pudieran participar en su diseño, ya que simplemente estuvieron presentes en algunas reuniones informativas previas.

Del mismo modo, advierten que la fórmula utilizada incorpora un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.

El comunicado finaliza lamentando el comportamiento de ambos ministerios en las correspondientes Conferencias Sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo, que considera “son una muestra más del mostrado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las regiones sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos”.

Injerencia del Estado

Al final de la conferencia, la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, advirtió de que las condiciones impuestas por el Gobierno central son “rígidas”, limitan las competencias autonómicas y ponen en peligro el objetivo con el que se crearon estos fondos: el apoyo al tejido productivo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Lorenzana lamentó que el Estado se reserva un porcentaje “elevadísima” de los fondos destinados a desarrollar políticas activas de empleo. En este sentido, criticó la injerencia del Estado al explicar que las competencias para el desarrollo de las políticas activas de empleo son en exclusiva de las comunidades autónomas. “Somos las que mejor conocemos nuestros tejidos productivos, las necesidades de nuestras empresas y autónomos y las que más rápido y con más agilidad repartimos estos fondos y los hacemos llegar de una manera efectiva”, precisó.

La conselleira, además, hizo una evaluación del anteproyecto de la Ley orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, que se abordó ayer en la Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación para el Empleo. Lorenzana advirtió en este foro del peligro de que la formación profesional para el empleo quede absorbida por el sistema educativo, perdiendo su flexibilidad. “Nos preocupa que la ministra de Educación esté alejada de la realidad empresarial”, apuntó, y explicó que con el nuevo texto legal se pierde la necesidad que tienen las empresas y las personas trabajadoras y desempleadas de tener “una formación ágil, adaptada sus necesidades y que redunde en la mejora de la empleabilidad”.

Criticó, por último, la descoordinación “absoluta” que existe entre los ministerios, “como ya ocurrió en el reparto de las ayudas directas al tejido empresarial”. “Galicia está muy preocupada por esta rigidez en los criterios de reparto y por la injerencia en las competencias porque repercutirá negativamente en la recuperación económica y en la mejora de las cifras de empleo”, finalizó.