Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2024

La Xunta puso en marcha un protocolo de coordinación entre el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y las Oficinas de Asistencia ás Vítimas (OAVs) de las ciudades gallegas para reforzar la protección de las personas víctimas de delitos. La colaboración se centra en la práctica de la prueba preconstituída y tiene como objetivo armonizar y evitar solapamientos en las funciones periciales y asistenciales que prestan los profesionales de estos centros, estableciendo pautas de guía para prevenir la revictimización.

La prueba preconstituída es la que se realiza antes de que se inicie un juicio y, con la reforma de la Lei de Axuizamento Criminal de 2021, se establece como norma general en el caso de víctimas especialmente vulnerables, como menores o personas con discapacidad, además de permitirse cuando las circunstancias de la víctima y la gravedad de los hechos lo aconsejen. Esta práctica en la fase de instrucción y su reproducción en el acto del juicio evita que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha del juicio oral afecte a la calidad del relato, así como las segundas victimizaciones.

El interés superior de la víctima se sitúa así en el centro de la intervención, y el refuerzo de la coordinación en la aplicación de esta prueba permite garantizar su derecho a ser oída en entrevistas realizadas por personal especializado en un entorno amistoso y sin tener que hacerlas de manera repetitiva. En esta línea, el protocolo se enmarca en la apuesta de la Xunta por impulsar una justicia próxima a la ciudadanía, además de ágil, moderna y eficiente.

El psicólogo forense, figura clave

Según el documento, la figura que mejor se ajusta a las particularidades de la prueba preconstituída es la del psicólogo forense, como profesional legalmente capacitado para prestar asistencia técnica emitiendo informes psicológicos sobre aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales de las personas investigadas, condenadas, testigos, víctimas y demás actores jurídicos. En función del objeto de actuación podrá intervenir también el trabajador social que forme parte del equipo psicosocial.

Por su parte, el papel del psicólogo de la OAV en la prueba constituida se enmarca en el acogimiento a la persona entrevistada antes de la prueba y la descompresión emocional después de ella. Podrá también llevar a cabo un seguimiento posterior para valorar la resiliencia y vulnerabilidad con vistas al juicio oral, minimizando así la victimización secundaria.

Labor pericial, psicológico y asistencial

El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) concentra la pericia pública oficial médico-legal, de psicología y de trabajo social forense en la comunidad gallega. Dispone de siete subdirecciones, una en cada una de las siete ciudades gallegas, y cuenta con 135 profesionales entre médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios de los cuerpos generales y auxiliares de autopsia.

Por otra parte, la Xunta viene trabajando en la consolidación del  modelo de atención asistencial a través de las OAVs en el ámbito de la justicia. Este sistema incluye la intervención psicológica y asistencia social con una atención individualizada de la víctima con el objetivo de posteriormente aplicar medidas de protección necesarias que minimicen los trastornos psicológicos y proponer otras que garanticen la protección durante todo el proceso judicial y también un seguimiento posterior. 

Así, entre los últimos avances realizados, está la implantación de la cita previa y la actualización de la información disponible en la sede electrónica de la Xunta. Además, se impulsaron campañas y actos divulgativos y formativos en diversos ámbitos y se está trabajando en la elaboración de un manual de buenas prácticas para el tratamiento informativo de los datos de las víctimas y en la puesta en marcha de una primera versión del Sistema de Información de las OAVs.