Santiago de Compostela, 31 de enero de 2025

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, participó hoy junto con la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, en la presentación del VI Informe Red Localis. La reforma inconclusa de las competencias locales, en el que se recoge que es fundamental avanzar en la reforma de la normativa autonómica y estatal. En esta línea, destacó que la Xunta está trabajando en la reforma de la futura Ley de Administración Local de Galicia (Lalga), que según indicó, será un texto pionero que situará a Galicia a la vanguardia de la normativa autonómica en este ámbito al aportar a las entidades locales soluciones para adaptarlas a la realidad y a los retos del siglo XXI tras los cambios de los casi 30 años de vigencia de la norma actual. 

La presentación del informe de hoy se enmarca en la cátedra institucional de Buen Gobierno Local puesta en marcha en 2022 entre la Xunta y la Universidad de Vigo con el objetivo de modernizar el marco legislativo local gracias a la experiencia investigadora del grupo Red Localis. Por eso, Diego Calvo puso en valor el trabajo de estos dos años del equipo multidisciplinar que está trabajando en la elaboración de la ley, del que precisamente forman parte los codirectores de Red Localis, Concepción Campos Acuña y Alberto Vaquero, presentes hoy en el acto.

Sobre la nueva normativa, el conselleiro de Presidencia destacó que tendrá en cuenta las necesidades de las zonas más despobladas, fomentará el teletrabajo de los empleados públicos, apostará por entidades como las mancomunidades, incentivará los procesos de fusiones municipales voluntarios y regulará el Fondo de Cooperación Local ayudando a los ayuntamientos en su autonomía financiera.

Además del trabajo de colaboración con la Red Localis para avanzar en este texto, el Gobierno gallego trabaja en otras medidas de manera paralela. Por ejemplo, con el estudio con la Fundación Juana de Vega y las tres universidades gallegas sobre la racionalización de la planta local y el impulso de nuevos procesos municipales del que el pasado septiembre se presentaron sus conclusiones en un congreso. También en la comisión técnica constituida entre la Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) se están analizando los estudios previos de ambas instituciones con la finalidad de llegar a acuerdos sobre la clarificación de competencias de las administraciones autonómica y local.

Las conclusiones de todos estos estudios y trabajos sobre el marco jurídico local llevados a cabo en los últimos años se tuvieron en cuenta en la redacción del borrador de la ley.

En su intervención, el conselleiro de Presidencia incidió en la necesidad de modificar el sistema de financiación local que -aclaró- debe negociarse de manera paralela al sistema de financiación autonómica que se aborde con las comunidades y que, en el caso de Galicia, debe tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión geográfica de la población. También reclamó al Ejecutivo estatal que permita a los ayuntamientos invertir el supéravit de 2024 en los servicios que consideren más prioritarios para paliar los problemas de financiación.

Mientras y para compensar esos desfases y garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales, la Xunta reafirma su compromiso con los ayuntamientos con una aportación histórica en 2025 de 644 millones de euros. En esa cuantía se incluyen los 168 millones del Fondo de Cooperación Local (FCL) que, como novedad, recoge un incremento en la financiación de los municipios de menos de 15.000 habitantes con 5,4 millones del fondo base. El compromiso del Gobierno gallego con el ámbito local también se refleja en los 700 proyectos en los que colaboró a través de la Dirección General de Administración Local el año pasado con una inversión de 32 millones de euros.

VI Informe Red Localis

El VI Informe Red Localis analiza la evolución de las haciendas locales en España en España tras una década de la Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y concluye se precisa una reforma de la financiación local para garantizar la suficiencia de recursos y autonomía financiera, así como la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica y local. En esta línea, el texto recoge que existe un problema de financiación para ejercer las competencias, agravado por la dispersión y envejecimiento de la población que encarece el coste de la prestación de servicios.

Como medidas de cara a el futuro, el documento señala que es fundamental avanzar en la normativa autonómica y estatal en el ámbito local e implantar fórmulas innovadoras de colaboración entre ayuntamientos y de redimensión de la planta local. En esta línea, se apuesta por el refuerzo del papel de las diputaciones, un régimen jurídico para los pequeños municipios y apostar en los ayuntamientos por la transformación digital.