Vigo, 10 de noviembre de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, se reunió esta tarde con representantes de las entidades interesadas en disponer de sede en el futuro Centro de Asociacionismo. En el encuentro, les explicó que la Xunta viene de presentar "en tiempo y forma" los alegatos ante el intento del Ayuntamiento de Vigo de bloquear la rehabilitación integral que el Gobierno gallego está tramitando en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín. El consistorio decidió suspender la licencia de obra el mes pasado, meses después de concederla, hasta aclarar su titularidad.

Con esta obra, en la que la Xunta prevé una inversión de unos 20 millones de euros, se pondría el inmueble a la disposición de la ciudadanía en un espacio con capacidad para acoger a más de un ciento de asociaciones, lo que permitiría dar una nueva vida a un edificio de gran valor patrimonial con nuevos usos.

En la reunión de hoy, el conselleiro incidió en que la Xunta espera que el Ayuntamiento acepte los alegatos y rectifique para que se pueda retomar el proyecto, ya que "los vecinos y vecinas que reclamaban esta reforma serían los más afectados por los posibles retrasos derivados de esta situación". En esta línea, lamentó que el Ayuntamiento paralice "una inversión del Gobierno gallego en la ciudad tan importante y tan demandada".

Entre los alegatos presentados señalara la inexistencia de la causa de la suspensión de la licencia porque no se cumple ninguno de los supuestos en los que estaría permitido como es el caso de una modificación del plan general de ordenación municipal o si la actuación supusiera una infracción urbanística que obligara a esta decisión.

Además, se alega que, al amparo de la Ley del Suelo, el Ayuntamiento estaría empleando una competencia pública como es la concesión de una licencia urbanística para defender una cuestión que corresponde al derecho privado -en concreto a la jurisdicción civil- relacionada con la determinación de la propiedad del inmueble. La Xunta añade que esta misma normativa aclara que, en todo caso, la concesión de licencias es independiente y no tendría que verse afectada por la titularidad de los inmuebles.

De todas formas, la Administración autonómica recuerda que la titularidad tanto de la parcela como del inmueble corresponde a la Xunta, puesto que se entregó en propiedad por parte del Gobierno central a la Comunidad en 1994. Según alega la Xunta, la Ley de Patrimonio establece que si un bien lleva en propiedad de la Administración autonómica más de 10 años pasa a formar parte de su patrimonio.

Así, Diego Calvo lamentó que tras la concesión de la licencia municipal en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento no pusiera ningún impedimento hasta presentar hace unas semanas un escrito en el Registro de la Propiedad comunicando que es el titular de la parcela, motivo por el que suspende la autorización. Por lo tanto, destaca que el Ayuntamiento actuó "de mala fe", mientras que, por lo contrario, el Gobierno gallego "actuó siempre de buena fe con la seguridad de la titularidad autonómica como se demuestra con el pagado del IBI todos estos años".

La Xunta también advierte en sus alegatos que, teniendo en cuenta que ya se licitaron las obras el pasado agosto y se adjudicó el contrato en noviembre por unos 20 millones de euros, se estudiaría la reclamación de los daños por el retraso en la ejecución del centro.

Centro de Asociacionismo de Vigo

El proyecto del Centro de Asociacionismo de Vigo, del que resultó ganador en el concurso de ideas el arquitecto Alfonso Penela, supone una rehabilitación integral del antiguo edificio de los juzgados en la calle Lalín, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder Galicia 2021-2027) para la puesta a disposición de las entidades sociales de la ciudad para su ocupación temporal.

Entre otras actuaciones, se prevén mejoras en la envolvente térmica de la fachada, en el sistema de climatización, en la iluminación, en la cubierta o en el abastecimiento. También se facilitará la accesibilidad y la integración en el entorno mediante la retirada del aparcamiento exterior y la rebaja del terreno para que quede en continuidad con la planta baja.

Las entidades dispondrán de una superficie de casi 13.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, una entreplanta, un bajo y dos plantas de sótano. El bajo será multifuncional, con una sala de exposiciones, cafetería, sala de lactancia, hemeroteca y un auditorio con cabida para 400 personas. Las oficinas generales ocuparán la entreplanta y, en cada uno de los cinco primeros andares, se distribuirán 20 estancias para asociaciones y entidades sociales, una sala polivalente, otra de reuniones y una más de ensayo. La sexta planta, unida a la anterior, se configura como zona de office-cafetería, con terrazas ajardinadas en el exterior. Por último, los sótanos se destinarán a aparcamiento, archivo y cuartos de instalaciones.