La Xunta aborda los cambios organizativos que supone la nueva Ley de eficiencia del servicio público de justicia
El director general de Justicia, José Tronchoni, participó en un curso sobre la normativa organizado por el Colegio de Procuradores de A Coruña
A Coruña, 13 de marzo de 2025
El director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy en el curso sobre la Ley de eficiencia del servicio público de justicia, organizado por el Colegio de Procuradores de A Coruña, donde ahondó en los cambios organizativos que supone esta nueva norma aprobada por el Gobierno central el pasado enero.
Así, según señaló, entre otras adaptaciones, la ley supondrá actualizar los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación, elaborar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales, además de la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización, la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, el acondicionamiento de los archivos físicos y virtuales de expedientes y la ejecución de planes de comunicación e información a las partes interesadas.
La Xunta ya está trabajando para desarrollar la oficina judicial con el objetivo de cumplir con lo que se demanda en la ley. De este modo, los juzgados unipersonales cambian de nombre y pasan a llamarse tribunales de instancia.
Asimismo, José Tronchoni, garantizó la permanencia de los 268 juzgados de paz en Galicia, que pasan a denominarse oficinas de justicia del municipio, tan importantes por la características propias de la Comunidad por el gran peso de la dispersión rural y la necesidad de aproximar la Administración a la ciudadanía. Incidió también en el compromiso del Gobierno gallego de dotarlos de los medios electrónicos adecuados para cumplir con las nuevas funcionalidades que la ley les atribuye.
Además, se modifica su estructura, ya que las oficinas judiciales colaboran con los tribunales de instancia del partido judicial a lo que pertenecen. La medida tendría que aplicarse antes del 1 de julio en 38 de los 45 partidos judiciales, excepto en los de las ciudades y capitales que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre.