Sarria (Lugo), 4 de junio de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó hoy junto al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias,  en la inauguración de las XVIII Jornadas jurídicas Román García Varela, donde destacó la necesidad de que las reformas en la justicia den respuesta a la sociedad del siglo XXI como se indica en el título de esta edición. En esta línea, destacó que la Xunta apuesta por una justicia útil, moderna y accesible, con especial atención a las víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables como los menores o personas mayores.

El tratamiento especializado en los juzgados de violencia sobre la mujer es uno de los temas que se abordarán en estas jornadas que mantienen el legado del jurista Román García Varela y convierten cada año el ayuntamiento de Sarria en referente de la agenda judicial a nivel estatal. De hecho, Diego Calvo destacó el prestigio de los participantes y la variedad de temas de actualidad en el ámbito de la justicia que se tratarán entre hoy y mañana en la Casa de la Cultura de Sarria.

En lo que se refiere a los juzgados de violencia contra la mujer, el conselleiro recordó que la Xunta había solicitado al Gobierno central a través de la Comisión Mixta con el TSXG extender estos tribunales a todas las ciudades gallegas como los que ya funcionan en A Coruña y Vigo, comenzando por Santiago. Pero, tal y como explicó Diego Calvo, la falta de voluntad del Gobierno central impidió arrancar el año con nuevas unidades judiciales, ya que no las comunicó. En esta línea, aclaró que el Boletín Oficial de Estado (BOE/BOE) publicó hoy el decreto para dotar a la comunidad de cuatro nuevas plazas de jueces de violencia sobre la mujer en la comunidad. En concreto, para Santiago, Ourense, A Coruña y Vigo, con una plaza en cada caso. La Xunta lamenta que en el caso de A Coruña y Vigo se pongan en marcha a costa de transformar secciones de instrucción, lo que provocará un aumento en los asuntos en este área.

En su intervención puso en valor el trabajo de la Xunta para ofrecer una atención especializada a las víctimas a través de las Oficinas de Atención a las Víctimas que, gracias a un nuevo servicio de asistencia virtual, podrá realizarse por videoconferencia evitando desplazamientos. Además, señaló que mediante un convenio con el Consejo de la Abogacía Gallega, las víctimas de violencia sexual tienen la asistencia jurídica gratuita garantizada con profesionales especializados en estos delitos.

El conselleiro también destacó la necesidad de avanzar en la modernización de la Justicia y, pese a los riesgos de las nuevas tecnologías que se tratarán en una de las mesas, incidió en la necesidad de continuar con la digitalización de la Justicia y el impulso del expediente judicial electrónico en el marco del Plan Senda 2025.

Otro de los asuntos previstos en la programación está relacionado con la estabilización profesional con la carrera profesional. Así, recordó que, a la falta de una regulación a nivel estatal por parte del Gobierno central, Galicia fue pionera en la puesta en marcha de la carrera profesional en la Administración de la Justicia al retribuir la progresión del personal en condiciones similares a las de los empleados públicos de la Xunta. Ya se realizaron las convocatorias de los grados I e II de la trayectoria profesional y se está trabajando este año en la del grado III, lo que supone para este ejercicio un presupuesto de 6,6 millones de euros.

Por otra parte, uno de los temas de mayor actualidad es la actual reforma judicial con la nueva Ley estatal de eficiencia judicial aprobada este año. Diego Calvo explicó que Galicia trabaja en su implantación para cumplir con los plazos exigidos pese la que el Gobierno central no dotó a las comunidades de los fondos necesarios para su puesta en marcha. De todas formas, la Xunta ya aprobó el diseño y la estructura de las oficinas judiciales, así como las relaciones de puestos de trabajo de los registros civiles, las oficinas judiciales y las casi 270 oficinas de justicia en los ayuntamientos gallegos que sustituyen a los juzgados de paz y son los que más cambios registrarán con la nueva norma.