Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2025

La Xunta refuerza en 2026 el apoyo a los ayuntamientos, la prestación de los servicios de justicia y la atención a las emergencias con incrementos en los presupuestos destinados la estas áreas, según explicó hoy en el Parlamento el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. En la comparecencia para informar de los presupuestos de su departamento, que ascienden a casi 585 millones de euros, el conselleiro destacó también la apuesta por el fomento del deporte, la acción exterior gallega y la movilidad sostenible y accesible.

Una de las áreas más reforzadas, la que tiene que ver con el apoyo a los ayuntamientos, contará con 26,5 millones de euros, un 17% más que en este ejercicio. El objetivo es seguir desarrollando líneas de colaboración con las administraciones locales, como la orden de infraestructuras de uso público, el Fondo de Compensación Ambiental o la orden plurianual de eficiencia energética cofinanciada con fondos Feder. A ellas se suma como nueva medida el Banco municipal de maquinaria compartida, dotado con un millón de euros. Se trata de un proyecto piloto que busca facilitar que los ayuntamientos compartan equipación especializada para el desarrollo de servicios públicos de su competencia.

Además, crecen los fondos para la orden de proyectos estratégicos, al pasar de los 8,5 millones de euros a 10 millones. Se quiere así "satisfacer la importante demanda de estas actuaciones, con gran trascendencia supramunicipal y que contribuyen a fomentar la economía y la industria de los ayuntamientos gallegos y a transformar de manera transversal otros ámbitos como el turismo, el deporte o el medio ambiente", indicó Diego Calvo. También se consolida el incremento hecho el año pasado en la línea de colaboración con las asociaciones vecinales, manteniendo cuatro millones de euros para este mecanismo de dinamización de la vida local.

El conselleiro apeló una vez más a la necesidad urgente de negociar la financiación autonómica y local e incidió en la reclamación al Gobierno central de un cambio de paradigma. Ante la inacción estatal, afirmó que la Xunta seguirá poniendo todo lo que sea necesario para atender las necesidades de los ayuntamientos e insistió en el paso adelante que supondrá la aprobación de la nueva Ley de Administración Local de Galicia. En esta línea, anunció que la redacción del anteproyecto de la nueva ley se someterá a la aprobación inicial por parte del Consello da Xunta ya en noviembre. 

Asistencia jurídica gratuita y nueva oficina judicial

En el ámbito de la justicia, el presupuesto supera los 190 millones de euros para actuar en dos líneas de acción principales. Se trata de la cobertura y protección del derecho de asistencia jurídica gratuita, que supondrá incrementar en cerca del 20% la inversión destinada la esta área hasta llegar la más de 18,5 millones de euros, y la puesta en marcha de la nueva oficina judicial.

Según señaló Diego Calvo, ambas líneas vienen derivadas de la implantación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que supone un profundo cambio de estructura con un calendario de implantación muy exigente y sin dotación económica por parte del Gobierno central. A pesar de esto, Galicia ya puso en marcha a primera fase en plazo y está trabajando en la implantación de la fase III, correspondiente a los partidos judiciales de las grandes ciudades y que debe estar finalizada el 31 de diciembre. El conselleiro destacó que la implantación de los nuevos tribunales de Instancia supondrá incrementar en cerca de un 4% los presupuestos destinados a personal en el servicio de justicia, con un coste que asciende a 134,5 millones de euros el próximo ejercicio. 

En las infraestructuras judiciales, se avanzará en la eficiencia energética con un presupuesto de 6,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feder, así como en la construcción del edificio del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Compostela, con 4,6 millones de euros. 

Anticipación y prevención en las emergencias

Por su parte, la atención a las emergencias sube el presupuesto hasta casi 43 millones de euros, incluyendo las partidas para la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) y la Academia Gallega de Seguridad Pública (Agasp). En este ámbito el principal objetivo es reforzar los medios para combatir los efectos de situaciones como las vividas en los últimos meses, como la ola de fuegos, el apagón energético o los fenómenos meteorológicos adversos.

Diego Calvo incidió en la importancia de la anticipación y la prevención, por lo que se dispuso una nueva partida de 330.000 euros para ayudar a los pequeños ayuntamientos a contar con Planes de actuación municipal frente a incendios forestales. La medida va dirigida a cofinanciar los costes de elaboración de estos planes en el caso de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, con la previsión de beneficiar unos 160 municipios.

Se mantiene además el apoyo a los servicios de emergencias de competencia local, como los Grupos de Emergencia Supramunicipales y las Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil, con la dotación de equipación, en el que se llevan invertido en los últimos años 28 millones de euros, y ayudas al funcionamiento, así como a los consorcios de bomberos provinciales, a los que se reservan de 16 millones de euros en 2026.

La Agasp continúa como centro de referencia en la formación de los servicios de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Galicia. Con respecto a la Policía Local, Diego Calvo anunció que el próximo año se aprobará una normativa que actualice los baremos aplicables a los procesos selectivos y de provisión de plazas de estos cuerpos, para fomentar una mayor presencia femenina.

En lo que se refiere a la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, redundó en la necesidad de que el Gobierno central cubra las plazas vacantes, ya que continúa con un déficit del 30%, con solo 339 efectivos de los 500 previstos. Según apuntó, esta situación "debe hacer ajustes en la prestación de servicios" comenzando por el servicio de seguridad en el Parlamento de Galicia y en el complejo administrativo del Gobierno gallego en San Caetano. "De no cubrir más plazas tendremos que hacer ajustes en otras funciones", añadió, al tiempo que recordó que la Xunta lleva tiempo reclamando al Gobierno una respuesta para llegar a una propuesta consensuada entre ambas partes para cubrir las vacantes sin que hasta ahora hubiera respuesta.

Infraestructuras deportivas y acción exterior

La Secretaría General para el Deporte refuerza también su presupuesto hasta casi 42 millones de euros. Las principales atribuidas se centran en el impulso de las infraestructuras, tanto autonómicas como locales, a lo que se destinan 13,4 millones de euros con la previsión de actuar en instalaciones como el polideportivo Elviña II en A Coruña, la Ciudad Deportiva de Ferrol, el estadio del Anxo Carro en Lugo, el complejo deportivo de Monterrei, en el Pereiro de Aguiar, o las pistas de atletismo de Balaídos, en Vigo, así como avanzar en la licitación del Centro de Alto Rendimiento de Galicia, en Pontevedra.

Se seguirá promoviendo la práctica deportiva entre escolares a través del programa Jugad, en el que participaron el curso pasado el 66% de la chavalada gallega de entre seis y 16 años, y al que se reservan para el próximo año 4,4 millones de euros, medio millón más que en este ejercicio. También se continuará apoyando las federaciones y clubes deportivos, con un presupuesto de más de 7,7 millones de euros, y el deporte de alto nivel, con 4,2 millones de euros para el plan de patrocinios y las bolsas a deportistas.

La acción exterior gallega también ve reforzado su presupuesto hasta casi 13 millones de euros, de los que la mayor parte, 10 millones, se destinan al Plan anual de la cooperación gallega 2026, en el marco del V Plan director de la cooperación gallega 2023-2026, lo que supone un crecimiento de algo más del 5%. Se mantienen las habituales convocatorias de subvenciones para proyectos de cooperación en el exterior, de ayuda humanitaria, y de educación para el desarrollo global, entre otras. Como novedad, en las subvenciones para proyectos de cooperación en el exterior de ONGD y otros agentes de cooperación se destinarán 1,2 millones de euros al apoyo a la organización de defensa de los derechos de las mujeres.  

Por otra parte, se seguirá trabajando en la cooperación transfronteriza, en la que Galicia es referente, y se incidirá en las principales reivindicaciones, como son la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la raya Seca Gêres-Xurés, el plan de movilidad transfronteriza y el estatuto del ciudadano transfronterizo, entre otras. Se continuará desarrollando también la actividad relativa a la presencia gallega en Europa.

Movilidad sostenible y accesible

El presupuesto reservado para movilidad suma 195 millones de euros, de los que más de 160 están consignados al transporte: 90 millones de euros al transporte escolar, con 3.374 rutas que cobren los desplazamientos de casi 81.000 alumnos; 34,7 millones de euros al transporte interurbano; 29 millones de euros a las bonificaciones, en las que se incluyen la tarifa 65 y la tarjeta Xente Nova, con alrededor de 130.000 usuarios cada una de ellas; y 6,4 millones de euros al 065, Servicio gallego de apoyo a la movilidad personal.

Diego Calvo señaló también la importancia de las infraestructuras a favor de una movilidad sostenible y accesible. En esta línea, se refirió a la mejora de la accesibilidad y conectividad de las paradas de autobús, a la que se destinan 7 millones de euros cofinanciados con fondos Feder para actuar en 165 puntos en una treintena de ayuntamientos. Se continuará con la renovación de marquesinas y con la dotación de aparcamientos disuasorios, con dotaciones de medio millón de euros en cada caso. En cuanto a las estaciones de autobuses, se reservan 629.000 euros para mejoras en varias de ellas y 7,9 millones de euros para finalizar la intermodal de Lugo, donde además se instalará un proyecto piloto de aparcamiento inteligente para bicicletas.

Asimismo, el área de movilidad suma una nueva línea de ayudas a las ya existentes para formación y renovación de vehículos, dirigida a entidades sin ánimo de lucro y centrada en la adquisición de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.