La Xunta destina más de 33.000 euros a la prestación del servicio de interpretación de signos en la Administración de Justicia
La Plataforma de Contratos públicos de Galicia publica hoy la licitación del contrato para su ejecución en los próximos dos años
Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2025
La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica la licitación de la prestación del servicio de interpretación de signos en lengua española para la atención de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en la Administración de justicia en Galicia por más de 33.600 euros y durante los próximos dos años y con la posibilidad de prorrogarlo un ejercicio más.
De este modo, se incluyen en el contrato los servicios de interpretación para la práctica de diligencias judiciales en el curso de un procedimiento judicial o fiscal en Galicia y de diligencias forenses con el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), así como para las solicitudes de información o asistencia en las oficinas de asistencia a las víctimas. Deben prestarse también los servicios de interpretación de contenidos judiciales, fiscales o forenses digitales, así como canalizar cualquier duda que las personas destinatarias del servicio tengan en sus relaciones con la Administración de justicia.
El procedimiento para la prestación del servicio se iniciará a partir de la solicitud de un órgano judicial en el momento en que tenga conocimiento de la participación de una persona sorda, con discapacidad auditiva o sordociega en un procedimiento judicial, indicando la fecha y lugar en el que debe presentarse la persona profesional designada por la empresa adjudicataria. Por lo tanto, la empresa deberá contar con los medios materiales y humanos precisos y disponibles siempre que sean requeridos. Se compromete también a la elaboración de guías informativas, tanto para el personal de la Administración de justicia como para la ciudadanía.
A través de esta iniciativa, la Xunta pretende contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación que impiden a las personas sordas y sordociegas el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de la Administración de Justiza. La medida se suma a otras centradas en diferentes ámbitos autonómicos, como el convenio con la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg) para garantizar la accesibilidad de los actos institucionales o las tecnologías implantadas para facilitar el acceso a los servicios de emergencias.