Vedra (A Coruña), 28 de febrero de 2026

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó esta mañana a Remedios Pereiras, vecina de Vedra de 102 años y usuaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Lo hizo para evaluar de primera mano el impacto que tiene el acuerdo firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que permitirá que los ayuntamientos puedan mejorar este servicio, que es de competencia municipal. Durante la visita estuvo acompañada por el alcalde de Vedra, Carlos Martínez.

Fabiola García calificó de “histórico” este acuerdo, ya que supondrá un aumento del 50% de la aportación del Gobierno gallego al SAF, lo que implica que la Xunta inyectará 150 millones de euros más en los municipios en esta legislatura. En concreto, explicó que en el caso del ayuntamiento de Vedra, este acuerdo tendrá un impacto claramente positivo, puesto que el incremento de la financiación de la Xunta durante los tres años de vigencia del acuerdo ascenderá a 486.000 euros. Esto representa, añadió, un importante ahorro para el ayuntamiento de Vedra, que podrá aprovechar para seguir mejorando sus servicios sociales.

Fabiola García apuntó que “las cifras evidencian lo beneficioso que será este acuerdo” y pone de manifiesto el compromiso de la Xunta de Galicia con las Administraciones locales y, en especial, con todos los dependientes gallegos. Un compromiso que la titular de Política Social e Igualdade echó en falta por parte del Gobierno central. En este sentido, criticó el hecho de que “mientras la Xunta avanza en derechos sociales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin cumplir la Ley” y sin aportar el 50% del coste de la dependencia; por lo que, recordó, la deuda con Galicia asciende a 2.900 millones de euros.

Golpe al Gobierno central

Además de este déficit en la financiación de la dependencia, la conselleira denunció que el Gobierno central quiera paralizar el Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta y que tan buenos resultados está dando, con más de 86.000 expedientes de dependencia y de discapacidad resueltos de manera favorable, el doble que en 2024.

Fabiola García señaló que la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la paralización de este plan “es un duro golpe para el Gobierno central”, que con su actuación provocó que cerca de 3.000 dependientes vieran paralizada la homologación automática de su dependencia y que también supuso demoras en el resto de procesos de valoración.