Galicia reivindica un modelo de financiación que coloque las necesidades de gasto de las comunidades por encima de su capacidad tributaria

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participó en la mesa redonda sobre la reforma de la financiación autonómica, organizada por FUNCAS

Subrayó que las comunidades con menor capacidad tributaria verían limitada su margen para reforzar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, generándose un escenario de desigualdad creciente entre los ciudadanos

Rechazó un modelo que penaliza a Galicia, dándole menor peso en la ponderación a la dispersión y al envejecimiento, dos de los factores que más condicionan el coste real de los servicios públicos en el territorio gallego

Consideró que la reforma del sistema de financiación debe orientarse a perfeccionar el modelo vigente, manteniendo su arquitectura básica de funcionamiento pero corrigiendo aquellos defectos que se pusieron de manifiesto a lo largo de los años en que estuvo en vigor

Madrid, 27 de marzo de 2026

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, reivindicó hoy un modelo de financiación que coloque las necesidades de gasto de las comunidades para la prestación de los servicios públicos por encima de su capacidad tributaria.

Durante su participación en la mesa redonda: La reforma del financiación autonómica, un análisis de la propuesta presentada, organizada por FUNCAS, Corgos incidió en el rechazo del Gobierno gallego a la propuesta de un nuevo modelo del Sistema de Financiamento Autonómico. Un modelo en el que se sustituye la solidaridad por la ordinalidad, recordó, de modo que las CC.AA. recibirían recursos en función de lo que aportan al fondo común, en lugar de hacerlo en función de lo que necesitan para prestar los servicios públicos a la ciudadanía en condiciones de igualdad.

“En el nuevo modelo propuesto el criterio de la ordinalidad tiene una mayor relevancia que criterios como el de la igualdad y el de la solidaridad, principios constitucionales que resultan menoscabados con esta reforma”, abundó, subrayando que las comunidades con menor capacidad tributaria verán limitada su margen para reforzar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, generándose un escenario de desigualdad creciente entre los ciudadanos, condicionados por el lugar donde residan.

En esta línea, resaltó que, aunque se anuncie una inyección adicional de más de 20.000 millones de euros en 2027, el volumen global de recursos no compensa un diseño que altera la lógica redistributiva del sistema, ya que “la cuestión –aseveró–, no es cuánto se reparte, sino bajo qué criterios se hace”.

Miguel Corgos rechazó un modelo que penaliza a Galicia, dándole menor peso en la ponderación a la dispersión (que pasa del 0,6% al 0,5% del total del modelo) y al envejecimiento (pasa del 8,5% al 7%), dos de los factores que más condicionan el coste real de los servicios públicos en el territorio gallego.

Perfeccionar el modelo vigente

Ante este panorama, el responsable de la Hacienda gallega consideró que la reforma del sistema de financiación debe orientarse a perfeccionar el modelo vigente, manteniendo su arquitectura básica de funcionamiento pero corrigiendo aquellos defectos que se han puesto de manifiesto a lo largo de los años en que ha estado en vigor.

“El nuevo modelo debe tener como finalidad esencial garantizar la cobertura adecuada de las necesidades de gasto derivadas de la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica”, dijo, insistiendo en que la determinación rigurosa de las necesidades de gasto debe constituir el elemento nuclear en la configuración del nuevo modelo.

Asimismo, resaltó que el mecanismo de nivelación debería ser de carácter total, de forma que se igualen los recursos disponibles por habitante ajustado entre las distintas comunidades autónomas.

“De este modo, el modelo que proponemos tendría solo tres fondos: uno similar al actual Fondo de Garantías, pero con una nivelación del 100% y en el que el reparto se realizaría únicamente en función de la población ajustada; otro similar al actual Fondo de Suficiencia, pero destinado solamente a financiar las competencias no homogéneas; y un Fondo statu quo, para aquellas comunidades que resulten perjudicadas con el cambio de modelo, y aplicable durante un período transitorio de unos 5-10 años”, explicó, haciendo hincapié en que, por el contrario, un modelo que pivote fundamentalmente sobre las capacidades tributarias de los territorios vulneraría o debilitaría principios fundamentales como la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la garantía del acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de igualdad.

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Fecha de actualización: 27/03/2026