Santiago de Compostela, 20 de septiembre de 2026

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se dirigió por carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para demandar la implicación política del Gobierno central ante la Comisión Europea en defensa de los intereses de la flota gallega ante el vencimiento inminente del convenio pesquero vigente con Mauritania.

El protocolo actual, iniciado el 15 de noviembre de 2021, termina el próximo 14 de noviembre sin que las distintas rondas de conversaciones iniciadas a principios de año estén dando fruto. Villaverde advirtió a Planas del riesgo real de tener que recurrir a una prórroga técnica o de asumir un cese temporal de la actividad, un escenario que genera profunda inquietud en el sector y en el Gobierno gallego.

El caladero mauritano sustenta el acuerdo de mayor dimensión económica de cuantos mantiene la Unión Europea con terceros países, con una contribución financiera anual que la propia Comisión cifra en 60,8 millones de euros. De un centenar de licencias comunitarias distribuidas entre 10 Estados miembros, España es el país más beneficiado al concentrar más de 50 autorizaciones para embarcaciones de Galicia, Andalucía, Canarias y País Vasco.

Dimensión geopolítica

Por último, Villaverde hizo hincapié en las implicaciones geopolíticas de no alcanzar una renovación en tiempo y forma, advirtiendo de que cualquier retirada europea dejaría el caladero a merced de potencias como Rusia, China o Turquía, que operan bajo normativas y estándares ambientales mucho menos exigentes. Por todo ello, la conselleira do Mar reclamó la máxima firmeza diplomática a nivel de Estado para cerrar el acuerdo antes del 14 de noviembre e instó al Ministerio a diseñar, en paralelo, una estrategia para abrir nuevos acuerdos bilaterales con países como Angola, Guinea Conakry, Tanzania o Kenia para blindar el futuro de la flota.