El director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística dictó, el 25 de abril de 2017, una resolución por la que se impone una segunda multa coercitiva, derivada del expediente de reposición de la legalidad urbanística COR/262/2014 como consecuencia de incumplir lo ordenado en la Resolución de 5 de noviembre de 2015, en la que se le ordena la demolición de una obras consistentes en desmonte de tierras, construcción de dos muros de contención con bloques de hormigón y ejecución de dos tramos de muro de piedra, en el lugar de Santallamar-Esteiro, en el término municipal de Cedeira, por resultar incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente.

Al no poderse realizar la notificación personal de aquella resolución a Luis Montero Martín y María Cruz López Velicia, mediante la presente cédula, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), se notifica a los interesados dicha resolución por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Teniendo en cuenta que, en atención a lo previsto en el artículo 61 de la LRJPAC, el acto no se publica en su integridad, se comunica a los interesados que el texto íntegro de la resolución que se notifica se encuentra a su disposición en las dependencias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, situadas en el Edificio Witland-Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para su consulta en el plazo de diez (10) días hábiles, que se contarán desde el día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo la notificación se entenderá producida.

Contra esta resolución, los interesados pueden interponer recurso de reposición ante el director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la notificación, o bien, si no ejercitan su derecho a presentar recurso potestativo de reposición, pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción radique el inmueble afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1, regla tercera, de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Para que conste, y les sirva de notificación a los citados interesados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2017

José Antonio Cerdeira Pérez
Director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística