Medio Ambiente recaba la opinión de asociaciones vecinales gallegas para exigir una solución rápida y eficaz a la ocupación de viviendas

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvo una reunión esta mañana con representantes de asociaciones vecinales de Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol con el objetivo de conocer de primera mano su opinión sobre la ocupación ilegal de viviendas y trasladarles la postura de la Xunta la este respecto, así como su apoyo para buscar posibles soluciones.

Tras incidir en la inquietud del Gobierno autonómico ante el incremento de este tipo de casos en diferentes puntos de Galicia, Vázquez Mejuto recordó que las competencias autonómicas en la materia son “muy limitadas”. No obstante, consideró necesario que todas las administraciones públicas tomen conciencia de la necesidad de dar “un paso adelante” para atajar un problema que en los últimos meses se agudizó en el conjunto del país generando una gran preocupación y serios perjuicios para los propietarios de las viviendas afectadas.

En este sentido, la conselleira aseguró que la ocupación ilegal de inmuebles no se trata solo de un problema de orden “público y social” sino también de seguridad “jurídica” por la indefensión que supone para los legítimos dueños de estos inmuebles.

Por todo lo expuesto, abogó porque todas las administraciones públicas “den un paso adelante” para atajar el problema y colaboren en la búsqueda de una solución que, según añadió, pasa por impulsar las reformas legislativas necesarias por parte del Estado.

Con este objetivo, precisamente, Ángeles Vázquez les trasladó a los representantes de los colectivos vecinales que el pasado viernes solicitó por carta una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia para hablar de este asunto.

Postura de la Xunta ante el Estado

Esta no es la primera vez que la Xunta se dirige al Ejecutivo central para compartir su preocupación por el ánimo que está cogiendo el fenómeno de las ocupaciones en el conjunto del país. De hecho, en la última Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo convocada en el mes de junio, Galicia dio un paso al frente para transmitirle la preocupación de las comunidades por este problema y exigirle al Gobierno central celeridad y eficacia para garantizar agilidad en los desalojos de aquellas viviendas que están siendo ocupadas ilegalmente.

La respuesta por parte del Ejecutivo, sin embargo, no fue la esperada y tal y como recordó la conselleira, su postura fue la de rechazar cualquier tipo de debate, alegando que la seguridad jurídica de los propietarios está garantizada con la normativa vigente.

Frente a esta actitud y días después de que la Fiscalía General del Estado dictara una instrucción específica con la intención de unificar y agilizar la actuación de los fiscales de todo el país ante casos de este tipo, Ángeles Vázquez recordó que es el Gobierno central a administración “con competencias” para poder impulsar las reformas legislativas que garanticen una solución “rápida, eficaz y duradera” al problema en todo el país.

“Es inadmisible que la ocupación ilegal de una vivienda que alguien tiene en propiedad solo se castigue con una multa y no con una pena de prisión”, declaró la conselleira, que insistió en que por este motivo la Xunta seguirá haciendo todas las gestiones que sean necesarias y reclamando al Estado el marco legislativo más acomodado para “endurecer las penas” y agilizar los procedimientos judiciales que permitan devolver los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios.

Ayudas para facilitar el acceso a una vivienda

Por último, la conselleira de Medio Ambiente recordó que facilitar el acceso a la vivienda a aquellos colectivos que más lo necesitan es una de las prioridades del Gobierno gallego, sobre todo en los últimos meses, durante los que muchos gallegos se vieron perjudicados a nivel económico por la pandemia de la Covid-19.

Así, en el año 2020 el Gobierno gallego movilizará diferentes tipos de ayudas por un importe total de 20 millones de euros que permitirán aliviar la situación de millares de familias a la hora de pagar su alquiler. En concreto, recordó que se puso en marcha una línea de ayudas específica por el covid-19 –dotada con 7,9 millones de euros y aún en plazo de solicitud- para poder atender situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de la pandemia.

Asimismo, y por lo que respecta a los beneficiarios del llamado Bono Alquiler Social, un programa autonómico destinado a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos, el Gobierno gallego decidió asumir con fondos propios entre los meses de abril y diciembre el 100% del coste de sus rentas, de tal manera que estos inquilinos no tendrán que volver a pagar ninguna cantidad en concepto de vivienda hasta enero de 2021.

A mayores, otras 3.500 familias que residen en viviendas de protección pública propiedad de la Xunta tuvieron también la opción de retrasar el pago de sus recibos de alquiler durante el período abril-septiembre.