El conselleiro del Medio Rural respondió en el Parlamento una interpelación sobre incendios forestales

La Xunta generó desde 2019 más de 65.000 notificaciones para que los ayuntamientos las remitieran a los particulares que incumplen sus deberes de gestión de la biomasa cerca de las viviendas

En las 157 parroquias priorizadas -de 81 ayuntamientos- se gestionaron ya 177.000 parcelas con 9.800 hectáreas, lo que supone casi el 66% de los predios y algo más del 64% de su superficie total, en el marco del convenio de protección de las aldeas

El conselleiro trasladó que estos datos muestran el buen camino en la concienciación ciudadana sobre la importancia de la limpieza de estas franjas, al estar gestionados ya dos tercios de la superficie de estas parroquias priorizadas

Destacó también que la Xunta está movilizando casi 13.000 hectáreas de tierra agraria y forestal mediante las ayudas para acciones silvícolas y a través del plan de pastoreo, con una inversión conjunta que supera los 28 millones de euros

También explicó las mejoras introducidas en el Servicio de Prevención y Defensa contra los fuegos de la Xunta

Santiago de Compostela, 7 de octubre de 2020

La Xunta generó entre 2019 y 2020 un total de 65.562 notificaciones para que los ayuntamientos las remitieran a los particulares que incumplen el deber de limpiar las franjas próximas a las viviendas, en las parroquias priorizadas dentro del convenio de protección de las aldeas firmado entre la Consellería de Medio Rural, la empresa pública Seaga y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). Así lo adelantó esta tarde el conselleiro José González en el pleno del Parlamento, en respuesta a una interpelación sobre los incendios forestales.

El titular de Medio Rural destacó que en estas 157 parroquias -ubicadas en 81 ayuntamientos con especial incidencia de incendios- se han gestionado ya, al amparo de este convenio, un total de 177.033 parcelas, con una superficie conjunta de 9.710,52 hectáreas. Esto supone que están gestionadas o en proceso de gestión (contratadas) casi el 66% de las parcelas de estas parroquias y algo más del 64% de su superficie total. Esto representa, en definitiva, que dos tercios de las franjas están gestionadas, destacó el conselleiro. Teniendo en cuenta estas cifras, González trasladó que muestran el buen camino en la concienciación ciudadana sobre la importancia de tener limpias las parcelas más próximas a las viviendas, para proteger los bienes y las personas.

El conselleiro enmarcó todas estas labores en la prevención de los fuegos, un ámbito en el que también destacó que la Xunta está movilizando casi 13.000 hectáreas de tierra agraria y forestal mediante las ayudas para acciones silvícolas y a través del plan de pastoreo actualmente en desarrollo. Estas medidas, apoyadas con una inversión conjunta que supera los 28 millones de euros, a los que hay sumar los 30 millones del plan específico de prevención puesto en marcha este año, persiguen entre otros objetivos crear discontinuidades para anticiparse a los incendios forestales.

Así, José González explicó que en cuanto a las acciones silvícolas, en la última convocatoria de estas aportaciones se invirtieron 18,6 millones de euros, distribuidos entre un total de 525 beneficiarios, con unas actuaciones que abarcaron algo más de 10.500 hectáreas. Con respecto al plan de pastoreo, el conselleiro señaló que esta iniciativa, ya iniciada, permitirá llegar hasta 2.250 hectáreas, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros. José González vinculó estas labores con otras herramientas de movilización de la tierra, como son las aldeas modelo o los polígonos agroganaderos y forestales, así como la futura Ley de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria. Esta norma, remarcó, tiene como objetivo movilizar 10.000 hectáreas cada año en toda Galicia, siguiendo también un buen número de recomendaciones del dictamen de la Comisión parlamentaria sobre incendios, destacó el conselleiro.

Causas, consecuencias y mejoras en el Servicio

José González centró su intervención parlamentaria en desgranar las causas y las consecuencias de los incendios, así como en analizar la situación y mejoras introducidas en el Servicio de Prevención y Defensa contra los fuegos de la Xunta. En relación con las causas, el conselleiro reiteró que este es, fundamentalmente, un problema de "orden público”, ya que tres de cada cuatro fuegos en Galicia son intencionados. Esto se puso de manifiesto, indicó, en los últimos incendios registrados en Ourense, porque advirtió que “cuando alguien prende un fuego en condiciones climatológicas extremas, como las que se dieron desde el 12 a 17 de septiembre en esa provincia, con intención además de causar el mayor daño posible, es un delincuente”.

Esta intencionalidad -advirtió González- es reconocida tanto por los alcaldes de cualquier color político como por los vecinos afectados, siendo también acreditada por los investigadores, partiendo de datos como el elevado número de fuegos registrados en apenas seis días y el hecho de que muchos de ellos se iniciasen de noche, cuando los medios aéreos no pueden actuar, e incluso en varios focos simultáneos.

El conselleiro también puso una vez más en valor el trabajo de los profesionales que luchan contra el fuego en Galicia y reclamó respeto para ellos por parte de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía en general. Recordó que su esfuerzo, combinado con el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la colaboración ciudadana, está dando sus frutos, con la localización e identificación de hasta seis presuntos incendiarios en la pasada campaña de alto riesgo, algunos de ellos incluso cogidos in fraganti. A mayores, González destacó, como muestra de la eficacia del operativo, que su tiempo de reacción consigue una media de 20 minutos desde que se tiene conocimiento de la existencia del fuego y que la tasa de conatos es de casi el 75% por ciento en relación con el total de los incendios. Unos buenos datos que, dijo, también tienen que ver con las mejoras introducidas por el actual Gobierno gallego, como son la incorporación al servicio de 500 operarios que hasta el 2017 dependían de Seaga o el incremento del tiempo mínimo de trabajo de tres a seis meses para casi mil miembros del dispositivo.

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C. del Medio Rural