El conselleiro del Medio Rural presidió la reunión de este órgano colegiado, que tuvo la oportunidad de evaluar de nuevo el texto legal
La Xunta propone crear un grupo de trabajo dentro del Consejo Forestal para mejorar la Ley de recuperación de la tierra agraria mientras se debate en el Parlamento
Esta norma apuesta por impulsar una gestión del territorio rural multifuncional, sostenible y rentable económicamente
Se aboga por impulsar una gestión forestal orientada hacia la anticipación, prevención y defensa contra los incendios, hacia la mitigación y adaptación frente al cambio climático y hacia creación de empleo endógeno
Se mejora la Ley de montes de Galicia mediante la potenciación de la figura del silvicultor activo y el fomento del asociacionismo, creando más figuras de agrupaciones forestales de gestión conjunta
El conselleiro del Medio Rural, José González, presidió hoy la reunión extraordinaria del Consejo Forestal en la que se evaluó la futura Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia. En este encuentro, el conselleiro propuso también -como ya había hecho el viernes en el Consejo Agrario- la creación de un grupo de trabajo para recoger a lo largo del mes de febrero las aportaciones del sector forestal a esta norma, “con el fin de mejorarla en su tramitación parlamentaria”.
En este sentido, señaló que este ámbito productivo es “uno de los más implicados en este ámbito” y recordó que el texto legal “trata de impulsar, en el territorio rural gallego, los tres usos -agrícola, ganadero y forestal- y por eso nos parece importante trasladar los contenidos de la futura ley en los organismos que tienen representatividad”. Destacó, en esta línea, que en el Consejo Forestal están representadas más de 40 entidades sectoriales.
La futura Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia apuesta por un monte multifuncional, sostenible y rentable económicamente y por potenciar la figura del silvicultor activo, vinculado a la ordenación forestal sostenible y a la gestión profesionalizada de este recurso. Con esta norma también se defiende la certificación forestal, como fórmula adecuada para fomentar esa gestión y planificación sostenible. Se aboga, asimismo, por impulsar la gestión conjunta del monte, orientada hacia anticipación, prevención y defensa contra los incendios, la mitigación y adaptación frente el cambio climático y la creación de empleo endógeno, colaborando en el aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.
El Consejo Forestal ya había recibido información sobre el borrador de este texto en diciembre del 2019 y ahora tiene de nuevo la oportunidad de evaluar el documento, ya en forma de proposición de ley. Se trata así, según explicó el conselleiro en la reunión, de enriquecer “el texto con todas las aportaciones posibles, para que consiga el máximo consenso tanto en su elaboración como, sobre todo, en su aplicación”. Esto, reafirmó, “será clave para conseguir uno de los objetivos centrales que se marca la ley, el de ordenar el territorio rural con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental”.
Mandato parlamentario
A mayores, José González destacó que la futura ley responde también a la voluntad de cumplimiento del mandato parlamentario recogido en el Dictamen de la Comisión de estudio sobre el ámbito forestal y la lucha contra los incendios, recogiendo a lo largo de su articulado de manera específica 43 de sus recomendaciones. Por eso, entre otras cosas, la futura norma introduce diferentes mejoras, de calado, en la Ley de montes de Galicia.
Además, esta ley se tramita en el Parlamento de manera paralela a la revisión del Plan Forestal, un documento que recoge otras 92 recomendaciones del dicho dictamen. De este modo, se está conformando un marco legal dinámico y actualizado, que le va a dar impulso al medio rural gallego.
Otra figura establecida en la ley es la de las agrupaciones (agroganaderas y forestales) de gestión conjunta, regulando la finalidad de estos colectivos, el objeto y también los requisitos que deberán cumplir como promotoras de las actuaciones conjuntas. Se procede, asimismo, a la ampliación del abanico de agrupaciones de gestión conjunta, mediante figuras que van desde las más sencillas y flexibles hasta las sociedades de derecho mercantil.
Así, las personas propietarias o titulares de derechos de aprovechamiento de terrenos agroforestales que pretendan gestionar conjuntamente sus parcelas podrán solicitar su reconocimiento como agrupación agroganadera o forestal. Este modelo de gestión conjunta no supondrá la reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales y comportará la obligatoriedad de su gestión y aprovechamiento de manera conjunta durante el tiempo de vigencia de la actuación en esos terrenos.