La Xunta traslada al resto de las comunidades su propuesta para la acreditación homogénea de la condición de víctima de violencia de género en el acceso a sus derechos laborales

La secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella, participó hoy por videoconferencia en una reunión con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y las responsables de igualdad de las diferentes comunidades autónomas con el objetivo de abordar, entre otras cuestiones, la unidad de criterios entre todas ellas para acreditar la condición de víctima de la violencia de género por medio de la aprobación de un título habilitante, idéntico en todo el Estado, para el acceso de las víctimas a los derechos laborales y de seguridad social.

La Secretaría General de la Igualdad, en colaboración con los departamentos homólogos de otras autonomías y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, trabajan en la futura aprobación de este título habilitante para las mujeres víctimas de violencia de género. Con el mismo se garantizará la homogeneidad de este reconocimiento en todo el territorio, en lo relativo al acceso de las víctimas a las ayudas laborales y de seguridad social como la Renta Activa de Inserción (RAI) o Ingreso Mínimo Vital (MV).

La Xunta tuvo ocasión de aportar su propuesta. López Abella defendió que el título en cuestión funcione como acreditación para todos los derechos laborales y de seguridad social para mujeres en situación de violencia. El acceso de las mujeres a los recursos, servicios, prestaciones y programas propios de cada comunidad, recordó, deben seguir rigiéndose por las normativas propias que “en el caso de Galicia prevén ya desde 2007 la acreditación de la situación de violencia de género por mecanismos propios”, matizó.

La propuesta gallega, en este sentido, defiende que el título tenga “carácter finalista” y que así quede recogido expresamente, para evitar que las mujeres tengan que solicitarlo de manera repetitiva. También se solicita que el reconocimiento tenga una vigencia de 24 meses desde su expedición. Una vez transcurridos, sería precisa una prórroga o renovación, previa valoración profesional.

La Xunta incorporó además en su planteamiento la necesidad de que se evite la "revictimización" de las mujeres al tener que aportar documentación con información sensible como puede ser la sentencia o las medidas de protección. En este camino, se aboga por “una acreditación simple de la situación judicial” y la necesidad de colaborar con el ámbito judicial para evitar que contenga demasiados detalles de los hechos, indicó la secretaria general.

En la reunión de coordinación se abordaron, por otra parte, cuestiones como la mejora del servicio 061 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género que el año pasado recibió 78.886 llamadas o la puesta y común de recursos con los que las comunidades están atendiendo a las mujeres víctimas de violencia de género.

También se pusieron en común estadísticas de las comunidades autónomas en relación con la medidas de lucha contra la violencia y de apoyo a las mujeres víctimas.

En 2020, la Xunta otorgó ayudas a 996 víctimas de la violencia de género, con lo que se incrementaron cerca del 30% respecto del año anterior. La mayor parte de las mujeres beneficiarias (639 víctimas) recibieron ayudas mensuales. Estos pagos periódicos individuales -con cuantías que van de los 200 a los 800 euros en función de los ingresos y las circunstancias familiares- sitúan a Galicia como punta de lanza en el apoyo a la independencia económica de las víctimas, al ser la única comunidad que las ofrece y además pueden solicitarse durante todo el año.