La Xunta pide agilizar la norma estatal que evitará a los ayuntamientos redactar desde el principio un plan general anulado por sentencia

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, advirtió esta mañana de la necesidad de agilizar la tramitación del anteproyecto de ley estatal por el que se modifica la Ley del suelo y rehabilitación urbana, para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística y con el objetivo de evitar que los ayuntamientos se vean en el deber de redactar desde el principio un plan general de ordenación que fuese anulado por una sentencia judicial.

La representante de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda intervino en la mesa redonda Retos y propuestas de acción para la política de ordenación del territorio en el futuro inmediato y en los próximos años, enmarcada en el X Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, que se celebra en Valencia.

En este foro, solicitó al Gobierno central “sensibilidad y compromiso” para aprobar esta normativa, con la que evitar una situación que no solo padece la Comunidad gallega, y que afecta a todos los planes en tramitación o que en un futuro se inicien, sino que se extiende a lo largo del territorio nacional, siendo el listado de planeamiento anulado cada vez más extensa, poniendo en riesgo proyectos de futuro y las inversiones asociadas.

Encarnación Rivas recordó que el grado máximo de invalidez del planeamiento urbanístico que contempla la legislación básica estatal actual implica que los efectos de una nulidad se producen ex tunc, desde el momento inicial, y no admite la subsanación, convalidación o conservación.

Las “terribles consecuencias” que derivan de la nulidad absoluta del planeamiento no solo deben ponerse en relación con los elevados costes del procedimiento de tramitación —plazos largos y necesidades de medios técnicos, económicos, materiales, personales, etc.—, sino que tras esa declaración de nulidad o bien, el ayuntamiento queda sin planeamiento o revive un planeamiento anterior —en algunos casos de más de 30 años—, que no responde ni al modelo actual de ayuntamiento ni a las necesidades urbanísticas existentes, y cuya aplicación resulta incompatible con alcanzar objetivos de bienestar socio-económico que deben impulsar las actuaciones públicas.

En ese sentido, destacó que la tramitación de un plan general implica numerosos trámites —evaluación ambiental estratégica, informes perceptivos vinculantes, etc.— durante un largo período de tiempo; por lo que los ayuntamientos se exponen la que se les cuestione algún requisito sustantivo, procedimental, del que se tendrá conocimiento muchos años después de la aprobación del PGOM, pero que pondrá fin a años de esfuerzo colectivo.

“Labor titánica” de las administraciones locales

“La situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se genera aboca a las administraciones locales a iniciar la tramitación de un nuevo plan general desde el principio, lo que se traduce en una labor titánica —tal y como reconoció el Tribunal Superior de Xustiza de la Comunidad Valenciana— y en la dilapidación de medios y recursos que resulta inaceptable”, defendió la directora general.

Además, es precisamente la judicialización del planeamiento y las terribles consecuencias de la nulidad absoluta lo que está incidiendo directamente en que los ayuntamientos no tramiten sus planes generales adaptados a la legislación vigente.

En definitiva, Encarnación Rivas reiteró la necesidad de agilizar la tramitación de la norma, lo que permitirá poner fin a un problema estructural que afecta al planeamiento urbanístico de todas las comunidades autónomas, así como reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística.

En el marco del X Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo también intervino ayer en la mesa redonda La insatisfactoria judicialización de la formalización del plan y la necesidad de cambios sustanciales en la normativa vigente.