Las comunidades reclaman al Gobierno central impulsar una ley que ofrezca seguridad jurídica a los planeamientos urbanísticos de todo el Estado

Las comunidades autónomas reclaman al Gobierno central el impulso de una ley que ofrezca seguridad jurídica a los planeamientos urbanísticos de todo el Estado.

Un total de 13 gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta de Galicia, firmaron ya el Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico —acordado y cerrado en el seno del Encuentro autonómico Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable, celebrado en Santiago de Compostela la finales de marzo—, en el que se señala la necesidad de adoptar medidas legislativas para solucionar la problemática a la que se enfrentan los ayuntamientos, en el momento en el que se anulan sus instrumentos de ordenación.

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, se reunió por videoconferencia con sus homólogos de otras comunidades autónomas, en la que dieron el impulso definitivo al documento en el que brindan fortalecer la cooperación y coordinación en materia de ordenación del territorio y el urbanismo entre la Administración general y la autonómica; y con el que defender un urbanismo responsable, dinámico y con trámites unificados para todos los territorios.

Por el momento, el manifiesto ya fue rubricado por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las regiones defienden impulsar la Ley por la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y territorial, para paliar una situación que en los últimos años se incrementó de manera exponencial, como son los casos de nulidad de planeamiento territorial o urbanístico debido a vicios formales, sin contenido sustantivo sobre los objetivos o elementos estructurantes, que podrían resolverse con procedimientos sencillos.

Las regiones que apoyan el manifiesto señalan que las instituciones judiciales sostienen que la nulidad de un planeamiento no admite subsanación, convalidación o conservación de trámites; lo que exige a las administraciones locales a comenzar de nuevo la tramitación desde el principio, con el que se ponen fin a años de esfuerzo colectivo y representa un inaceptable malgasto de recursos públicos.

La esta situación se une el hecho de que entre la entrada en vigor de un planeamiento y la emisión de la sentencia que lo anula pasan anchos períodos de tiempo. Otra consecuencia de esta situación es el hecho de que se agravan los efectos de la nulidad y se incrementa la inseguridad, al resultar amenazados las inversiones y proyectos de futuro que quedan paralizados.

Así, las comunidades proponen —como ya sucede con otras decisiones reglamentarias, pero no al planeamiento territorial ni al urbanismo— impulsar una reforma de la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los planes generales, y otros instrumentos de planeamiento, cuando incurran vicios de procedimiento fácilmente subsanables.

Por último, con este manifiesto las comunidades quieren trasladar al Gobierno su disposición para dar un paso adelante y contribuir en todo lo posible para adoptar aquellas medidas que resulten necesarias para conseguir un urbanismo responsable y perdurable en el tiempo.