Galicia alerta de que el estado pone en riesgo el futuro de empresas del mar y de otras edificaciones asentadas en los puertos autonómicos al interferir en las competencias exclusivas de la comunidad

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2022.- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo hoy un encuentro con representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria de Galicia en el que analizó la situación del sector ante las decisiones que está adoptando Costas del Estado en relación con las instalaciones asentadas en el litoral y que pone en riesgo el futuro de muchas empresas. Las partes mostraron su preocupación por el último informe emitido por el Gobierno central en este sentido -sobre el plan especial de Cambados- que cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura o la depuración de productos del mar así como de otras edificaciones como plazas de abastos, centros de salud o colegios.

La titular de Mar denunció que este informe parece un nuevo ataque al complejo mar-industria de Galicia pues parece invadir competencias de la comunidad, algo que calificó de totalmente inaceptable y desleal. La representante de la Xunta incidió en que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del Estado generan inseguridad jurídica en el sector dado que hacen una interpretación restrictiva de la normativa vigente sobre las zonas portuarias a pesar de que no hubo ningún cambio normativo en los últimos años. Además pretende aplicar la Ley de costas en los muelles autonómicos, lo que supondría invadir competencias al interferir en la gestión y explotación de los servicios portuarios, algo de competencia exclusiva de la comunidad autónoma.

“A Galicia le corresponde la utilización, explotación y gestión del dominio público en los muelles autonómicos, tal como establecen la Constitución, el real decreto de transferencias del año 1982 y la Ley de Portos de Galicia, y este informe parece querer usurpar esas competencias”, aseveró la conselleira del Mar. El proceder del Estado en este caso, incidió, es semejante al mostrado hace unas semanas con un informe sobre la instalación de una planta de cría de salmón en Burela, en el que rechazaba su autorización arrogándose competencias que no son suyas.

La representante del Ejecutivo gallego -que estuvo acompañada por las secretarias generales técnicas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Carmen Bouso, y del Mar, Silvia Cortiñas, así como por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas- lamentó que la actuación del Gobierno del Estado en este caso va en la línea del ataque continuado e injustificado iniciado hace varios años por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico contra Galicia y su complejo mar-industria.

En este sentido, la titular de Mar alertó a los representantes del sector de que parece que Costas del Estado avanza en su intención de retirar del litoral buena parte de las edificaciones asentadas en él, ya no solo en el dominio público marítimo-terrestre natural sino también en el portuario.

En riesgo

Rosa Quintana recordó que la comunidad lleva más de tres años denunciando que los planes del Ejecutivo central -con estas interpretaciones restrictivas y exageradas de la normativa, con la nueva Ley de Cambio Climático y con la modificación del reglamento general de costas- ponen en riesgo más de un ciento de empresas asentadas en la línea de costa y otras 4.000 edificaciones entre las que se incluyen centros de salud o colegios.

Por eso, la conselleira le trasladó a la Confederación Mar-Industria Alimentaria su compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector y del conjunto de Galicia ante todas las instancias. En esta línea, recordó que la Xunta ya recurrió ante el Tribunal Constitucional a Ley de Cambio Climático -una vez que fracasó la Comisión Bilateral con el Estado-, una norma que el Gobierno central se vio obligado a modificar antes de su aprobación definitiva a consecuencia de un informe del Consello Consultivo de Galicia que concluía que alguno de sus artículos era inconstitucional.

La representante del Ejecutivo gallego destacó que este asunto es vital para la comunidad pues está en peligro el futuro de instalaciones del sector marítimo-pesquero fundamentales para la economía gallega y también otras edificaciones sociales vitales para el conjunto de la ciudadanía.