La Xunta recurrirá la reforma del reglamento de Costas para mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral gallego

La Xunta de Galicia recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de Costas para mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral, tal y como le trasladaron esta tarde las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, la representantes de la cadena mar-industria.

Durante el encuentro, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda reiteró que el nuevo reglamento refuerza la intención del Gobierno central de expulsar del litoral toda presencia social y económica sin justificación técnica alguna, tal y como confirma el hecho de que elimine la posibilidad de prórroga extraordinaria de todas las concesiones de actividades económicas y que establece una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

En esta línea, las conselleiras confirmaron la presentación de un recurso para frenar el ataque del Gobierno central contra las instalaciones en el litoral, dado el escenario preocupante que genera esta noticia normativa, aun más restrictiva que la modificación de la duración de las concesiones introducidas por la Ley de Cambio Climático. A esto hay que añadir que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respondió a los alegatos presentados por la Xunta la este reglamento de manera genérica, poco claro y cayendo en contradicciones.

Pola suya, la conselleira del Mar advirtió de que la noticia normativa de Costas va a acabar afectando, tarde o temprano, a todas las empresas del complejo mar-industria de Galicia asentadas en terrenos de DPMT en el momento en que tengan que renovar sus concesiones y se topen con los plazos más cortos establecidos por el Gobierno central y con sus mayores exigencias con el objetivo de retirar cualquier vestigio de presencia humana del litoral.

Rosa Quintana recordó que en los últimos meses ya hubo casos de dificultades de empresas asentadas en la costa que sufrieron trabas para la renovación de sus concesiones a pesar de no estar en vigor a modificación del reglamento de Costas, por lo que ahora se puede complicar aun más la situación. Estos casos, subrayó, van a volver repetirse segundo las distintas autorizaciones se vayan agotando y sus propietarios tengan que enfrentarse a la noticia normativa, mucho más restrictiva. “Podemos ver un ‘efecto cascada', con la aparición de casos semejantes uno detrás de otro”, expuso la titular de Mar. 

La representante de la Xunta lamentó los ataques constantes e injustificados del Gobierno central contra la cadena mar-industria de Galicia y reprobó que en las medidas que adopta no tenga en cuenta el daño que pueden causar al sector y al conjunto de la comunidad, tanto desde el punto de vista económico como desde el social. Por eso, insistió en que la Xunta debería tener las competencias para la gestión del dominio público marítimo-terrestre gallego pues es quien mejor conoce las distintas actividades que se desarrollan en su costa y sus especificidades.