La Xunta insta al Gobierno central a acatar el criterio de la Unión Europea y adaptar el nivel de protección del lobo a su realidad actual

La Xunta de Galicia insta al Gobierno central a acatar el criterio de la Unión Europea con respeto del estatus del lobo y adaptar lo antes posible su nivel de protección a la realidad actual de la especie al norte del río Duero, con el fin de poder mitigar y actuar de forma efectiva ante el impacto que provoca sobre el medio rural en general y la ganadería extensiva en particular.

Tras los contactos mantenidos entre los gobiernos de las principales comunidades loberas del país en los últimos meses con representantes de diferentes instituciones europeas y eurodiputados, el pasado 24 de noviembre la Eurocámara aprobó una resolución —por una amplia mayoría de 306 votos a favor— en la que instaba a la Comisión Europea a tomar medidas para flexibilizar la situación actual de estricta protección del lobo y trasladar este acuerdo al conjunto de los Estados miembros, incluido, por supuesto, España.

La resolución comunitaria ve precisamente en la línea defendida por Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias —que concentran el 95% de los ejemplares de todo el país— desde que en septiembre del año pasado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) decidió, de forma unilateral y sin fundamento científico, incluir todas las poblaciones de lobo ibérico de España en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).

Por eso, Galicia celebra la decisión adoptada en Estrasburgo ya que, al igual que el resto de comunidades loberas, considera que le da la razón en su rechazo a las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo central con relación a la gestión de esta especie al entender que ponen en peligro el equilibrio y la convivencia armónica entre estos animales y las actividades agroganaderas con las que comparten territorio.

Asimismo, hace falta subrayar también que después de la resolución adoptada por el Parlamento comunitario la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula van diere Leyen, remitió una carta a los eurodiputados que se habían interesado en octubre por el tema a raíz de la inquietud transmitida por los cuatro conselleiros españoles.

En la misma, Úrsula van diere Leyen se muestra comprensiva ante la preocupación trasladada con relación a los ataques y conflictos que puede generar el lobo en determinadas zonas ante las limitaciones existentes por su actual nivel de protección.

Además, también traslada que ya dio instrucciones a los servicios de la propia CE para que analicen en profundidad los datos sobre la situación actual del lobo en el territorio de la UE y reconoce la posibilidad de que los estados miembros apliquen a nivel local las medidas de gestión que vean necesarias o consideren derogar las prohibiciones derivadas del estricto nivel de protección del que disfruta esta especie con el fin de prever daños graves.

En este sentido, la Xunta exige que, teniendo en cuenta la resolución aprobada por la Eurocámara y la carta de la presidenta de la CE, el Gobierno central derogue lo antes posible la orden ministerial que cataloga el lobo como una especie en régimen de protección especial, teniendo en cuenta que esta inclusión supone ir en la práctica más allá de lo exigido por la propia directiva europea y que atenta contra la protección del medio rural y la supervivencia de las actividades económicas tradicionales ligadas al mismo, teniendo en cuenta el papel que juega el sector ganadero para dinamizar el territorio y contribuir a la conservación de los hábitats y de la biodiversidad.