O Grove, 4 de octubre de 2024

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, volvió a advertir de los perjuicios para Galicia de la generalización del sistema de concierto, tal y como alertan los expertos en un informe técnico presentado por el Foro Económico de Galicia que incide en las pérdidas económicas para la Comunidad gallega de la extensión de las cuotas por territorio.

El conselleiro de Facenda asistió al foro El mercado único y la competitividad europea, dentro de las actividades de la VI Edición Foro La Toja, donde recalcó que las cifras del informe Sobre el Impacto Económico para Galicia de la Extensión de los Sistemas de Concierto elaborado por expertos del Foro Económico de Galicia avalan los cálculos hechos por su propio departamento. De este modo, la salida de Cataluña del Régimen común supondría que Galicia vería reducidas las transferencias comunes en 634 M€, mientras que la generalización de este sistema a toda España supondría para Galicia perder más de 2.100 M€ al año.

Después de lamentar que en Galicia haya grupos políticos que defiendan la aplicación de un sistema de concierto para la Comunidad delante de estas cifras, el responsable de Facenda insistió en que el SFA debe ser negociado de manera multilateral con todas las CC.AA. en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, evitando todo tipo de acuerdos bilaterales y que tendrá que acercar a Galicia más recursos para contar con mayor capacidad financiera, atendiendo a los costes diferenciales que tiene la Comunidad en temas como la dispersión o el envejecimiento.

"Apostamos por que el sistema reconozca esa diferencia de costes, además de que se acerquen más recursos, porque la diferencia entre la financiación global de las comunidades y la recaudación tributaria global también es cada vez mayor. Las políticas públicas autonómicas: sanidad, educación y política social, crecen a un ritmo más elevado de coste que el resto de las políticas públicas", precisó, incidiendo en la necesidad de uno reparto equitativo entre todas las CC.AA, marcando unas reglas de convivencia de financiación que garanticen que todos los españoles tienen acceso a los mismos servicios en condiciones de igualdad, independientemente de donde residan.