Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2024

Portos de Galicia y el Ayuntamiento de A Guarda acaban de acordar la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio. Así quedó de manifiesto en la reunión celebrada esta mañana entre el presidente del ente público, José Antonio Álvarez, y el alcalde de A Guarda, en la sede del organismo portuario.

En el encuentro de trabajo ambas administraciones consensuaron la delimitación del suelo susceptible de volver a la titularidad de la Administración General del Estado para que esta lo transfiera al Ayuntamiento de A Guarda, dado su uso vecinal, de carácter público, y no restringido a la actividad portuaria. La propuesta acordada se basa en criterios estrictamente técnicos que fueron ratificados con la Fegamp en la reciente reunión entre el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

En concreto en el caso del puerto de A Guarda los terrenos situados actualmente en dominio público portuario que la Xunta de Galicia propondrá devolver al Estado para su posterior transferencia al Ayuntamiento abarcan todo el frente del paseo marítimo. Esta delimitación da cobertura íntegramente al ámbito demandado por la administración local a Portos de Galicia.

La reunión con el Ayuntamiento de A Guarda da continuidad a las celebradas en los últimos días con los ayuntamientos de Cangas, Vilanova de Arousa y Foz para abordar la tramitación de la primera fase de reversiones de terrenos innecesarios para el uso portuario a la Administración General del Estado. El objetivo es cerrar las propuestas definitivas de estos puertos para trasladarlas, junto con la de Santa Cruz, en Oleiros, ya cerrada dado que incluye el total de la superficie portuaria, a la Consellería de Facenda, que la elevará la propuesta conjunta de esta primera fase al Consello da Xunta. Una vez aprobada por el Ejecutivo gallego, se remitirá al Ministerio de Transición Ecológica para su tramitación y, en su caso, aprobación final en Consejo de Ministros.