Pontevedra, 17 de septiembre de 2025

La Xunta de Galicia acaba de lanzar el Protocolo de actuación contra la violencia en la infancia y en la adolescencia en el ámbito educativo, que tiene como principal objetivo que los docentes dispongan de las herramientas idóneas, así como de una hoja de ruta clara para activar ante la sospecha de que algún estudiante pueda estar sufriendo una situación de violencia de cualquier tipo y en cualquier contexto.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que esta mañana participó en el Instituto Luís Seoane de Pontevedra en la presentación del contenido de este nuevo protocolo, acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández, destacó que la lucha contra la violencia desde los centros educativos "debe comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas".

"La prevención es la llave, pero para que sea efectiva, hace falta construir espacios seguros y de confianza donde el alumno se sienta protegido y escuchado", subrayó. En este sentido, el titular de Educación de la Xunta avanza que a través de este protocolo, se fomenta que los colegios e institutos, además de ser "lugares físicos que funcionen como espacios seguros", promuevan un ambiente emocional de confianza y ayuda propicio.

Tipologías de violencia segundo a OMS

En esta línea, el protocolo establece el procedimiento a seguir con una actuación coordinada del personal educativo que asegure una respuesta rápida y eficaz y siempre orientada a la protección del menor. En él hace hincapié tanto en la prevención como en la detección e intervención ante casos de violencia que los estudiantes puedan sufrir tanto en el propio centro como en su ámbito social y familiar.

Abarca, asimismo, todos los tipos de violencia reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS): de carácter física, sexual, emocional, de género, institucional, negligencias, inducción a la delincuencia, explotación económica o Trastorno Facticio Infligido a otro (TFIA). Este último se refiere la cuando una familia somete al menor a continuas exploraciones médicas, suministros de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto.

Prevención en el centro y en la familia

En el apartado de la prevención se incluyen medidas para el centro educativo, donde la persona coordinadora de bienestar y convivencia juega un papel central como figura de referencia de las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia, y también en coordinación con las familias.

En el caso de los centros, se promoverán charlas informativas para crear ambientes de confianza donde el alumnado no tenga miedo a hablar y se sienta seguro, se impulsará la formación del profesorado y se trabajarán aspectos sobre inteligencia emocional.

En lo que alcanza a la coordinación con las familias, se desarrollarán distintas actividades como talleres y charlas formativas sobre disciplina positiva, inteligencia emocional, estrés parental, conflictos familiares, entre otros, y se reforzará la orientación y los canales de comunicación.

Detección e intervención

En el apartado de la detección, el protocolo subraya la importancia de actuar con máxima diligencia y responsabilidad ante una sospecha de que un niño se encuentre en una situación de riesgo. Si bien los docentes no son los responsables de valorar ni de confirmar la existencia de una situación de violencia sobre un menor, sí deben contar con las herramientas necesarias para identificarla, comunicarla y activar los mecanismos para protegerla.

Para eso, el primer paso que se establece es la escucha activa y la confidencialidad, así como un cuestionario de indicadores que orientan a los docentes sobre señales identificativas de una situación de riesgo. El cuestionario está dividido en bloques con indicadores físicos, emocionales, conductuales y familiares.

De confirmarse la sospecha, el docente deberá ponerlo en conocimiento del equipo directivo y, en función de la gravedad de los hechos, deberá comunicarlos de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (riesgo elevado) o a los servicios sociales (riesgo potencialmente bajo) para que estos realicen las investigaciones oportunas. También se le comunicará a la familia siempre y cuando se confirme que las personas agresoras y/o encubridoras no pertenecen al entorno familiar.

Paralelamente, el protocolo establece un abanico de medidas de intervención psicoeducativa para favorecer el proceso educativo del alumno, con estrategias que fomenten espacios de diálogo donde la víctima puedan expresar libremente sus miedos e inquietudes, así como hacer los ajustes metodológicos y curriculares necesarios.

También se establece un seguimiento del alumno de carácter confidencial que se llevará a cabo a través de la persona coordinadora de bienestar y convivencia, así como una coordinación interinstitucional (servicios sociales, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscalía...) para una intervención positiva.

Este protocolo forma parte de la Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2025, que se está desarrollando este curso con nuevas acciones como el Termómetro Acoso Escolar, una herramienta que ya está la disposición centros educativos y que ayudará a los docentes a una mejor detección y prevención de las situaciones de acoso.