Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado del director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy en las Jornadas de Letrados de la Administracion de Justicia de Galicia 2025, donde puso en valor el papel esencial de este colectivo para garantizar la legalidad de los procedimientos. Destacó también la importancia de la formación continua de este colectivo a través de los colegios profesionales y asociaciones de letrados, al igual que ocurre con los colegios de abogados y procuradores.

Los dos días de jornada se centraron en las consecuencias, desde distintas vertientes, del nuevo modelo de oficina judicial derivado de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. En esta línea, el conselleiro incidió en que Galicia avanza cumpliendo los plazos pese la que se trata de una norma estatal, que no viene acompañada del presupuesto necesario del Gobierno central para su implantación. Esto -aclaró- supone asumir los costes de la reorganización del personal, el acondicionamiento de espacios, la dotación de mobiliario y medios tecnológicos y las acciones formativas específicas para el personal judicial.

La Administración autonómica estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia solo se transfirieron más de 1,1 millones de fondos. Además, en el que se refiere a la reorganización física de los tribunales y el resto de costes, muchos de ellos continuos en el tiempo, se estima por arriba de los cinco millones de euros y solo con presupuestos autonómicos sin dotación económica por parte del Ministerio de Justicia. 

Hace falta recordar que el pasado 1 de julio ya finalizó la puesta en marcha de la fase I de la normativa en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia. Junto con la creación de las oficinas judiciales, en los ayuntamientos sin sede de un tribunal de instancia se crearon oficinas de justicia en el municipio que sustituyen a los antiguos juzgados de paz. Son un total de 268 oficinas que asumen la asistencia a juez de paz y colaboran con el Registro Civil, además de realizar otras funciones administrativas y prestar una atención más próxima a la ciudadanía.

Actualmente la Xunta trabaja en la fase III correspondiente a las siete ciudades, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre. De hecho, al igual que en la primera fase, el Gobierno gallego llevó a cabo un proceso de diálogo con los sindicatos, secretarios de gobierno, jueces, magistrados, la Fiscalía Superior de Galicia y las entidades representativas de los letrados de la Administración de Justicia, con el objetivo de garantizar una transición eficaz.

Galicia fue la primera comunidad autónoma en la publicación, a comienzos de este mes, de las relaciones de los puestos de trabajo de esta  fase III para las sedes judiciales de las siete grandes ciudades con el objetivo de avanzar en la reorganización del personal, espacios, señalización y dotación de medios tecnológicos. A estas medidas se suman jornadas divulgativas como estas, sesiones formativas y acompañamientos presenciales para facilitar el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas. En esta fase, los actuales juzgados gallegos se transformarán en secciones de los tribunales de instancia.

En estas jornadas se abordaron además los cambios procesales asociados a la Ley de eficiencia judicial, entre ellos el impulso de los métodos adecuados de solución de controversias o el cambio en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En este sentido, el conselleiro de Justicia destacó el compromiso del Gobierno gallego con la mediación intrajudicial y también con la ampliación del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ya que, pese a tratarse de una regulación estatal con repercusión en las comunidades con competencias transferidas en Justicia, la Xunta compensa a abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita. Esto sitúa a Galicia entre las comunidades con baremos más elevados, mayor agilidad en el pago y más mejoras incorporadas.

Por último, el conselleiro agradeció a los profesionales de la Administración de justicia o su esfuerzo y estar "a la altura de este desafío".