Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acusó hoy al Gobierno de España de poner en riesgo los derechos de más de 10.300 dependientes a los que se les reconoció de manera automática su discapacidad, gracias al Plan de choque que la Xunta tiene en marcha desde el pasado mes de enero. Lo denunció en el Pleno del Parlamento de Galicia, donde lamentó los “obstáculos” que el Ejecutivo central está poniendo a la atención a la dependencia.

Fabiola García señaló que el recurso en el Tribunal Constitucional interpuesto por el Gobierno central contra este procedimiento, por el que se concede la discapacidad sin necesidad de una nueva valoración a las personas con dependencia que lo soliciten, “es un intento de paralizar uno de los puntos clave del Plan de choque”. Al respecto, dijo no entender que se trate de frenar una medida que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de copiar en la última modificación de la Ley de Dependencia, aunque lo hizo con menor intensidad. De hecho, este cambio normativo otorga a los dependientes de grado III el 65% de discapacidad, mientras que en Galicia este reconocimiento es del 100%.

La conselleira advirtió de que, si este recurso sigue adelante, provocará la paralización y el retraso en la percepción de ayudas, ya que obligaría a las personas solicitantes a pasar una segunda valoración. Además, lo calificó de “partidista” y de tener “carácter político”, ya que su único objetivo es “retrasar la aplicación de medidas que son muy beneficiosas para Galicia”.

Asimismo, la titular de Política Social e Igualdade volvió a reclamar al Gobierno central que cumpla con la financiación de la dependencia a la que está obligado por ley y por la que ya acumula una deuda que en 2026 llegará a los 2.900 millones de euros. En este sentido, Fabiola García exigió para Galicia el mismo trato que tiene en esta materia el País Vasco, para no crear dependientes de primera y de segunda.

Fabiola García contrapuso la actuación del Gobierno central en este ámbito con la decidida apuesta por la atención que hace la Xunta. En esta línea, recordó que el presupuesto de 2026 contempla una inversión de más de 844 millones de euros para la dependencia y la mejora de los servicios sociosanitarios, un 17% más. Unos fondos que permitirán superar la barrera de las 100.000 personas atendidas.

Por último, la conselleira dio cuenta de los buenos resultados del Plan de choque para la agilización y simplificación de la dependencia y la discapacidad, que en sus primeros diez meses de vigencia supuso la resolución favorable de más de 63.300 expedientes y redujo en un 10% los tiempos de tramitación, así como llegar a las 90.000 personas atendidas y situar la tasa de cobertura en el 98,8%, una de las mejores del Estado.

Diálogo social

Fabiola García también respondió en el Pleno a una interpelación sobre las condiciones laborales del personal de centros de discapacidad, de menores y de escuelas infantiles que no dependen de la Administración autonómica. Sobre esta cuestión, señaló que la Xunta siempre respeta el derecho a la manifestación y a la huelga, y muestra su disposición a colaborar en el diálogo social.

La responsable de Política Social e Igualdade recordó que los convenios colectivos son un acuerdo entre patronal y sindicatos, no con el Ejecutivo autonómico. Asimismo, añadió que el papel de la Xunta es velar por que la atención a las personas usuarias no se vea afectada por la huelga, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los servicios mínimos.

En lo que respecta a las competencias propias de su departamento, Fabiola García indicó que en 2026 se destinarán más de 70 millones de euros a reforzar los recursos del sistema autonómico de protección de menores, uno de los más integradores de España. Se invertirán 65 millones de euros para consolidar la gratuidad de las escuelas infantiles, medida que convierte a Galicia en líder en la escolarización de 0 a 3 años con una tasa del 65%; y se incrementa un 8,5% el presupuesto de atención a la discapacidad hasta superar los 190 millones de euros, lo que permitirá asumir los incrementos derivados del nuevo convenio colectivo del sector.