Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2025

La Xunta de Galicia llevó hoy a la Comisión General de Educación dos asuntos de máxima importancia para la enseñanza de la Comunidad y que el Gobierno central obvió en el orden del día: el problema creado alrededor del programa de auxiliares de conversación y el anteproyecto de ley de reducción de ratios.

En el caso de los auxiliares de conversación, los representantes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP reclamaron una solución ante el ataque del Ministerio de Trabajo a este programa estatal, que Galicia desarrolla con éxito desde hace muchos años y cuya continuidad se ve comprometida. Tal y como ya le había adelantado el conselleiro Román Rodríguez a la ministra Pilar Alegría por carta, insistieron en que dos ministerios de un mismo Gobierno deben ponerse de acuerdo para solucionar un problema creado por ellos mismos y que afecta directamente a comunidades autónomas como Galicia.

Esta problemática deriva de que el Ministerio de Trabajo está cuestionando las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para estas personas, exigiéndoles un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando estos auxiliares están definidos como personas que participan en un intercambio cultural. Ante las quejas de Galicia, desde el Ministerio de Educación afirmaron en el transcurso de la reunión de hoy que ya están buscando fórmulas para lograr la necesaria seguridad jurídica, admitiendo por tanto que existe una inseguridad como consecuencia de la descoordinación de dos ministerios. En concreto, se comprometieron a elaborar un dictamen que pueda solucionar la situación.

El programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación y en él estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora quiere exigir la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga la propia Xunta. De hecho, es el Gobierno gallego el que asume la mayor parte del coste del programa (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).

De espaldas a las comunidades

En la reunión, Galicia volvió a reiterar al Ministerio que se debata con las comunidades en la Conferencia Sectorial el anteproyecto de ley con el que el Gobierno central pretende modificar las ratios máximas en las aulas, entre otros aspectos, texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros sin ningún diálogo previo. Así lo expusieron el secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.

Galicia, que se anticipó a muchas de las medidas que ahora quiere poner en marcha el Estado, reclamó que se debata el tema como corresponde: en el máximo órgano de representación en materia educativa entre el Gobierno central y las comunidades como administraciones competentes en esta materia. En este sentido, lamentaron que no hubo ningún tipo de comunicación previa y no se valora la repercusión económica para las arcas autonómicas, ya que ni se elaboró una memoria al respecto ni se aportan los fondos necesarios.

Otros asuntos de la Comisión

Más allá de esto, la Xunta de Galicia también pidió al Ministerio de Educación un modelo más transparente para las Conferencias Sectoriales, reclamando que la ministra debería participar en estos encuentros. Finalmente, se solicitó la continuidad de programas que ahora están financiados con fondos de Recuperación y Resiliencia, como es el caso de la acreditación de competencias en FP, a través del Plan de cooperación territorial.