Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, avanzó que la Xunta acaba de trasladar de nuevo al Gobierno central la preocupación ante la falta de voluntad para alcanzar un acuerdo que permita cubrir el cuadro de personal de la Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes. Una falta de diálogo que, lamentó, imposibilita avanzar en la firma de un nuevo convenio para cubrir las plazas pendientes y completar el cuadro de 500 agentes, poniendo en peligro la prestación de los servicios.

Diego Calvo confirmó que en un encuentro en el que participó ayer el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, se comunicó a los representantes del Gobierno central la total disposición de la Xunta para avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo avalado por ambas partes. También en esta reunión se advirtió que, ante la bajada de efectivos, no es posible garantizar la prestación de servicios que no son competencia autonómica y, por lo tanto, deberá hacerse cargo de ellos el Ministerio del Interior, como autoridad competente.

Es el caso de la protección en casos de violencia de género, servicio de competencia exclusivamente estatal y en el que la Xunta viene colaborando desde 2016, en base a un acuerdo de colaboración. Las Policías Adscritas de otras comunidades no prestan esta protección como se hace en Galicia, motivo por el que el Gobierno gallego cree que el Ejecutivo estatal tiene motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo consensuado con la Xunta, dado que está colaborando con servicios que corresponden al Estado.

El Gobierno gallego espera que el Ministerio del Interior reflexione y haya diálogo para avanzar en las negociaciones. En este sentido, el conselleiro insistió en que no es voluntad de la Xunta que la UPA reduzca funciones, pero, de seguir la disminución de efectivos y no contar con la colaboración por parte del Gobierno central, están abocando a que la Unidad solo pueda asumir la prestación de los servicios de competencia autonómica. En esta línea, el Gobierno gallego espera una respuesta del Ministerio para poder avanzar en la toma de decisiones y desbloquear esta situación que Galicia, desde luego, no quiere.

Nueve meses a la espera de respuesta

Galicia lleva nueve meses a la espera de una respuesta a la propuesta formulada por el Gobierno gallego para firmar un nuevo convenio y cubrir las vacantes. Dicha propuesta consiste en que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio.

Estos fueron los términos trasladados al ministro del Interior el pasado mes de febrero, en un encuentro en el que participaron tanto el presidente de la Xunta como el conselleiro de Presidencia, pero no hubo un pronunciamiento al respecto por parte del Ejecutivo estatal.

Actualmente el Estado paga los salarios y la comunidad la productividad de los policías y el resto de costes de funcionamiento de la unidad policial, mientras que ahora se exige asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta, lo que supone multiplicar por tres el presupuesto autonómico destinado a la UPA.

En estas circunstancias, el Gobierno gallego se vio abocado a reducir los efectivos de la Unidade da Policía Nacional Adscrita en edificios administrativos.