Ourense, 15 de diciembre de 2025

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó esta mañana al edificio judicial del ayuntamiento de O Carballiño, para supervisar el estado de las obras llevadas a cabo en este inmueble para la optimización energética, a las que la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, destinó más de 545.000 euros para reducir el consumo eléctrico asociado al uso de las instalaciones.

El delegado territorial explicó que esta intervención, cofinanciada con Fondos Feder, consistirá en la colocación de luminarias LED con sistema de regulación autónomo y de 45 puertas y ventanas de bajo rendimiento térmico; en la instalación de un sistema fotovoltaico para autoconsumo y de renovación de aire con recuperador de calor; y en el relevo de la actual caldera de gasóleo por una caldera de biomasa alimentada con pellets. En esta línea, también enmarcó estas actuaciones en el conjunto de proyectos de eficiencia energética en los que el Gobierno gallego está trabajando en casi en una decena de instalaciones judiciales de toda Galicia por importe de 6,8 millones de euros.

Durante el recorrido por las estancias del edificio, Manuel Pardo enmarcó estas medidas de mejora de la eficiencia energética como una de las principales prioridades del programa Galicia Feder 2021-2027, que impulsa al sector público a servir como ejemplo para disminuir el consumo de energía en la lucha contra el cambio climático. En este sentido subrayó que, dentro de la estrategia global para la mejora de infraestructuras judiciales en Galicia, el Ejecutivo autonómico invertirá más de 165 millones de euros entre 2014 y 2026.

El representante del Gobierno gallego finalizó destacando la apuesta de la Xunta por una justicia con infraestructuras más modernas y sostenibles para que, de manera progresiva, los edificios  judiciales respondan a su función, siendo más seguros, accesibles, funcionales y confortables. Así, se contribuye a ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía en unas instalaciones que respondan a las necesidades tanto de las personas usuarias como para los profesionales de la administración de justicia.