Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2025

El nuevo Plan de Salud Mental de la Xunta avanzará en el objetivo de lograr una atención más humana, segura y respetuosa con los derechos de las personas.

Así lo adelantó el director general de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva Tojo, quien esta mañana intervino en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia para abordar los avances que se están realizando en este ámbito con la intención de reducir al mínimo imprescindible el uso de medidas de contención.

Galicia trabaja para que cualquier actuación sanitaria, ante situaciones de riesgo, se realice bajo criterios clínicos estrictos, con un enfoque preventivo y una orientación clara hacia la reducción progresiva de las medidas más restrictivas.

El director general aseguró que ya se está ultimando el nuevo Plan de Salud Mental, en el que se incorpora una línea transversal de humanización, sensibilización y lucha contra el estigma.

Además, este nuevo documento contempla objetivos y acciones que inciden directamente en la reducción de prácticas restrictivas. Algunas de estas medidas pasan por la mejora de los espacios terapéuticos, incluyendo salas sensoriales y áreas de desescalada; la gestión de la información y la formación en el modelo de contención cero.

Esta hoja de ruta incluye dos objetivos centrales. El primero se refiere al impulso del conocimiento y la comprensión de la salud mental y los derechos y deberes de la ciudadanía, reduciendo el estigma y promoviendo la participación comunitaria. El segundo incide en la adecuación de los espacios asistenciales y en la reducción del uso de prácticas restrictivas.

En el marco del Plan de Salud Mental poscovid-19, Silva Tojo destacó tres líneas de acción: la implantación de modelos no coercitivos y estandarizados, la formación en las áreas sanitarias y la formación continua desde la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.

Asimismo, indicó que el Sergas desarrolla su actuación en este ámbito en coherencia y cumplimiento con la normativa vigente. De este modo, las acciones realizadas se alinean con un marco normativo común que sitúa los derechos humanos, la dignidad de la persona y la proporcionalidad de la intervención en el centro de la práctica asistencial.