La Xunta cumple con los plazos para culminar la próxima semana a tercera y última fase de implantación de la nueva oficina judicial

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes participó hoy por videoconferencia en el pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, donde recordó que el Gobierno gallego ya finalizó el proceso de acoplamiento de personal y ya se está organizando su reubicación

También se está colocando la sinalética y las adaptaciones tecnológicas están previstas para comenzar a funcionar a partir del 31 de diciembre

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2025

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó hoy junto con el director general de Justicia, José Tronchoni, en la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, celebrada de forma telemática y presidida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El principal punto del orden del día del encuentro fue la valoración de la tercera y última fase de la implantación de la Ley estatal de Eficiencia Judicial, cuyo plazo finaliza este 31 de diciembre, si bien en la reunión de hoy Asturias pidió la moratoria hasta el 15 de febrero. Además, algunas comunidades solicitaron una entrada en funcionamiento gradual hasta el 31 de marzo para poder culminar el proceso en algunos partidos judiciales, por lo que será una posibilidad a tener en cuenta también en la implantación en Galicia.

En el caso de la comunidad gallega, pese a que se trata de una norma impuesta por el Gobierno central y sin dotación presupuestaria, la Xunta cumplió en tiempo y forma, con la puesta en marcha el pasado 1 de julio de la nueva oficina judicial en 38 de los 45 partidos judiciales de la comunidad, y el 31 de diciembre finalizará la fase III correspondiente a la adaptación de los restantes partidos de las siete grandes ciudades.

Cabe recordar que esta adaptación supuso la aplicación concreta de los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación; la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo en consenso con las organizaciones sindicales, además de la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización; así como la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, o la reconversión de los 268 juzgados de paz en Oficinas de Justicia del Municipio. También relacionado con esto, la implantación de la nueva oficina judicial condiciona la creación de las nuevas plazas de las secciones de Violencia sobre la Mujer y afecta además a las plazas de Fiscalía, de ahí que hoy mismo se publique en el Diario Oficial de Galicia la modificación de la relación de puestos de trabajo de las oficinas fiscales de la Administración de justicia en Galicia.

La adaptación a la norma estatal también implicó el acondicionamiento de los archivos físicos y virtuales de expedientes y la ejecución de planes de comunicación e información a las partes interesadas. Además, se informó de los cambios organizativos a los distintos profesionales relacionados con la Administración de Justicia en Galicia y a las entidades locales, a través de diversas jornadas divulgativas, a las que se suman sesiones formativas y acompañamientos presenciales para facilitar el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.

En lo que se refiere a la puesta en marcha de la tercera fase, el conselleiro explicó que ya finalizó el proceso de acoplamiento del personal, ya se está organizando la reubicación del personal y se aprobó el incremento del complemento específico negociado con las organizaciones sindicales. También se está colocando la señalética exterior para tenerla finalizada el 31 de diciembre y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) también tiene prevista esa fecha para las adaptaciones tecnológicas necesarias para la nueva estructura.

Diego Calvo señaló que el Gobierno gallego ya expresó en diversas ocasiones que la Ley estatal de eficiencia judicial no venía acompañada de la transferencia presupuestaria necesaria por parte del Gobierno central, por lo que lamentó que las nuevas normativas estatales no se doten de los presupuestos necesarios, cargando el coste de reformas como estas a las comunidades. En este caso, a los más de 7,5 millones con los que mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Justicia, la Administración autonómica estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia se transfirieron más de 1,1 millones de fondos europeos.

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Fecha de actualización: 22/12/2025