Santander, 30 de enero de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participó hoy en una reunión de distintos conselleiros autonómicos con competencias en la gestión de la fauna silvestre donde anunció que Galicia se va a personar en el procedimiento derivado del recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra la ley estatal de desperdicio alimentario que permitió la retirada del lobo al norte del río Duero del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). De este modo, se suma a otras comunidades del norte de España que ya habían decidido presentarse como parte interesada en esta cuestión.

La responsable autonómica destacó la sintonía que hubo entre los participantes en el encuentro —además de Galicia estuvieron representantes de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid— y recordó que la normativa que supuso la salida de la especie del Lesrpe fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, cumpliendo en todo momento la legislación vigente en este tipo de procedimientos.

En este sentido, incidió en que la aprobación de esa disposición adicional sobre el lobo hizo justicia y dio respuesta a lo que las comunidades loberas al norte del Duero llevaban reclamando desde 2021, cuando el Gobierno central decidió, por motivos ideológicos y de manera arbitraria —sin informes científicos ni técnicos que lo avalasen—, incluir la especie en el Lesrpe. Esa decisión, elevando su nivel de protección, impedía adoptar medidas de control sobre la especie incluso en casos de daños recurrentes a las explotaciones ganaderas, lo que complicaba el desarrollo de su actividad.

Coexistencia

Las comunidades coincidieron en la necesidad de alcanzar la convivencia y la coexistencia entre el lobo y el sector agroganadero y recordaron que los informes autonómicos sobre el estado de la especie revelan que su estado al norte del Duero es favorable. De hecho, censuraron que el Gobierno central incumplió la obligación de remitir el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie en julio del año pasado, y tampoco lo trasladó tras pedir prórrogas hasta septiembre y diciembre.

Ángeles Vázquez lamentó que el Ejecutivo central esté dilatando ese envío porque los resultados de los informes remitidos por Galicia y otras comunidades no son los que él desearía pues establecen de manera clara e inequívoca que el estado de las poblaciones de lobo en el norte de España es favorable.

Por eso, las autonomías participantes en el encuentro urgieron la convocatoria de una Conferencia sectorial monográfica sobre la gestión del lobo, con el fin de abordar asuntos pendientes como la aprobación de ese informe sexenal presentado por las comunidades loberas que debe enviarse a Bruselas.

En esta línea, también lamentaron que el Ejecutivo central no esté siendo diligente en el reparto de los fondos para ayudas de prevención y para compensar los daños causados por el lobo a las explotaciones ganaderas. En el caso de Galicia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le debe ya 12 millones de euros, los correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2025.

Situación complicada

Ángeles Vázquez expuso el complicado escenario en el que se encuentra Galicia, con una población de lobo ibérico formada por un total de 93 manadas, según el censo de esta especie elaborado por la Xunta en 2022, con presencia en más del 90% del territorio. Por lo tanto, su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie aumentasen un 72% en relación con 2021 y las reses afectadas subiesen un 55%. Esto equivale a que cada día son atacados por el lobo nueve animales.

La conselleira subrayó que la situación es especialmente delicada pues a pesar de esa salida del lobo al norte del Duero del Lesrpe y a diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas del norte de España, Galicia no puede realizar acciones de control de la especie por la suspensión por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la resolución por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026.

Esa resolución suponía retomar el plan de gestión del lobo que había estado vigente en Galicia hasta 2021 y permitía autorizar —en caso de daños recurrentes y convenientemente justificados a las explotaciones ganaderas— acciones como esperas, batidas o monterías.

En este sentido, Ángeles Vázquez defendió que Galicia va a seguir del lado de los ganaderos defendiendo sus intereses ante el TSXG, aportando todos los argumentos disponibles y trasladando la preocupación de ayuntamientos y asociaciones vecinales ante la proximidad del lobo a núcleos habitados, habiéndose registrado incluso ataques a perros. Lo hará, dijo, porque es compatible la protección del sector agroganadero con la conservación de la especie.