El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes se reunió con representantes de la Fegamp para presentarle el anteproyecto de la norma sometida desde ayer la información pública
La nueva Ley de Administración Local de Galicia impulsada por la Xunta busca reforzar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y abordar retos actuales y futuros
Apuesta por un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos, con la incorporación de criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población ante la inacción del Gobierno central en la materia
Establece un tratamiento específico para los ayuntamientos en situación de reto demográfico, atendiendo la realidad gallega, y refuerza el papel de las diputaciones provinciales como garantizas de la autonomía local
Se trata de una reforma integral de la norma que convertirá Galicia en referente estatal tras los importantes cambios normativos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas
Santiago de Compostela, 3 de febrero de 2026
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se reunió con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y con representantes de la entidad para presentarles el anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia, que inició ayer el trámite de audiencia e información pública. En el encuentro se abordaron las novedades de la ley y se incidió en la importancia de reforzar la suficiencia financiera de los ayuntamientos, uno de los principales objetivos de la Xunta a través de esta norma.
Así, según destacó el conselleiro, uno de los aspectos innovadores es el establecimiento de un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos, con la incorporación de criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. Se trata de cuestiones que Galicia lleva años demandando al Estado como competente en la materia y que, ante la inacción del Gobierno central, la Xunta decidió incluir, en el marco de sus competencias. Diego Calvo señaló que, además, la norma implanta mecanismos como el incremento de los fondos incondicionados, que los ayuntamientos pueden destinar a las necesidades que decidan, y el aumento de la garantía de mínimos en 20 millones de euros respecto del modelo actual, de modo que ningún ayuntamiento percibirá por debajo de la cuantía establecida.
Otras de las novedades son que la participación de los ayuntamientos en los tributos crecerá como mínimo en el mismo porcentaje en que crezcan los ingresos de la comunidad y que se garantizará un reparto de los recursos más equitativo, con variables objetivas que tengan en cuenta las peculiaridades del territorio gallego, como el reto demográfico, con un tratamiento específico para los ayuntamientos que estén en esa situación. De este modo se quiere dar respuesta a demandas históricas del municipalismo en Galicia, así como a necesidades que no están siendo atendidas por el Gobierno central.
En el marco de este objetivo, el conselleiro apuntó que la norma definirá los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación y recogerá medidas para impulsar su capacidad en la prestación de servicios a la vecindad. Se trata de una medida adaptada a la realidad demográfica gallega, teniendo en cuenta que el 90% de los ayuntamientos tienen menos de 15.000 habitantes.
Refuerzo del papel de las diputaciones
Por otra parte, como novedad, la futura ley de Administración Local de Galicia refuerza el papel de las diputaciones provinciales, concretando las funciones de estas entidades como garantes de la autonomía local. En esta línea, se apuesta por una mayor asistencia a los ayuntamientos más pequeños o con más dificultades en la prestación de los servicios municipales. Se unifica también la actuación de las cuatro diputaciones para evitar diferencias entre ayuntamientos, en función de la diputación a la que pertenezcan.
Con el texto presentado hoy el Gobierno gallego quiere llevar a cabo una reforma integral de la norma tras casi 30 años de vigencia, con el objetivo de adaptarla a la realidad actual del ámbito local tras los importantes cambios normativos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas. Se trata de una ley pionera que convertirá a Galicia en referente estatal al dar respuesta a la realidad demográfica gallega actual y dotar a las entidades locales de un nuevo marco normativo autonómico ajustado a sus necesidades y a las de su vecindad.
Entre otros objetivos se busca modernizar el marco local, simplificar la burocracia o introducir las tendencias y vanguardias normativas relacionadas con la administración digital y la interoperabilidad, la transparencia y el Gobierno abierto, la planificación y la evaluación de políticas públicas y la cooperación multinivel efectiva.