Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2026

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, defendió hoy en el Parlamento gallego que el anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia (Lalga), que está actualmente en tramitación, incluye entre las principales novedades a mejora del sistema de financiación local, ante la inacción del Gobierno central y pese a tratarse de una competencia estatal. En esta línea, en respuesta a una pregunta parlamentaria, indicó que con la reforma del modelo de financiación local se estableciera una nueva regulación de la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos, dándoles respuesta a las demandas del ámbito local. Además, se incorporan criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

Natalia Prieto incidió en que de esta manera el Gobierno gallego pretende mejorar la suficiencia financiera de los ayuntamientos con el incremento tanto de los fondos incondicionados para las necesidades que decidan los municipios y también de la garantía de mínimos, que aumenta en 20 millones de euros respecto al modelo actual. Además, añadió que se garantizará un reparto de los recursos más equitativo y que la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos evolucionará en la mismo porcentaje que los ingresos de la comunidad.

Pese a que, como insistió la directora general, la financiación local es una competencia estatal, destacó que el compromiso de la Xunta con las entidades locales supuso una inversión de 670 millones de euros, casi 30 millones que 2025 y la cifra más alta de la historia. En este importe, se incluye el Fondo de Cooperación Local que crece en 20 millones de euros respeto al año pasado, hasta conseguir los 187 millones de euros.

En su intervención recordó que la futura ley es pionera porque Galicia es la única comunidad que aborda de manera integral en una única norma todas las dimensiones clave de la Administración local del siglo XXI y dota a las entidades locales de herramientas eficaces con las que afrontar desafíos como el reto demográfico, la transformación digital o la sostenibilidad financiera.

Atención al reto demográfico

En esta línea, señaló como una de las novedades más significativas el establecimiento de un  régimen especial para municipios en situación de reto demográfico. Se trata de un estatuto específico diseñado para ofrecer un apoyo reforzado a los municipios más vulnerables por su dinámica poblacional. Natalia Prieto apuntó que esta nueva regulación atiende una demanda que el Gobierno gallego lleva también años haciéndole al Estado con el objetivo de darle respuesta a la realidad de los ayuntamientos en riesgo de despoblación. 

Además de las novedades relacionadas con el sistema de financiación local, la directora general de Administración Local, puso en valor que el anteproyecto recoge medidas relacionadas con la clarificación y reordenación de las competencias locales sin crear nuevas y ofreciendo seguridad jurídica. También hizo referencia al refuerzo del papel de las diputaciones provinciales apostando por unificar la actuación de las cuatro diputaciones para evitar diferencias entre ayuntamientos o reforzando la asistencia a los municipios más pequeños.

En lo que se refiere a la cooperación intermunicipal destacó las mancomunidades de municipios y nuevos  mecanismos como las áreas funcionales de carácter temporal o las agrupaciones en materia de personal. Por último, recordó que se incluyen otras novedades relacionadas con la organización interna o con la modernización de la gestión mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial para situar a la administración local gallega a la vanguardia gracias al uso de la innovación pero siempre garantizando los derechos de la ciudadanía.

Natalia Prieto hizo hincapié en que el actual anteproyecto es fruto de un proceso participativo, amplio y riguroso que contó con distintos estudios, congresos y actividades dirigidas a recoger la visión de expertos, técnicos y representantes del ámbito local -incluyendo funcionarios de administración local con habilitación nacional-, académicos de las tres universidades gallegas, economistas y la ciudadanía en general. Así, añadió que una vez aprobado como proyecto de ley, se iniciará la tramitación parlamentaria de la norma.