Valencia, 6 de marzo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ofreció hoy la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga) como marco de referencia para el diseño de la futura normativa estatal de Costas.

Durante su intervención en la II Cumbre nacional del litoral, que se celebró hoy en Valencia, y en la que participaron representantes de siete comunidades costeras —Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cantabria, Baleares y Canarias—, Ángeles Vázquez defendió la necesidad de reformar la actual Ley de Costas de cara a clarificar competencias, reforzar la seguridad jurídica y consolidar un modelo de gestión integral.

En esa línea, insistió en que la nueva normativa deberá incorporar la triple perspectiva ambiental, social y económica —tal y como hace la ley gallega—, afrontar con realismo la adaptación al cambio climático y establecer criterios técnicos respetuosos con la diversidad territorial.

De hecho, la conselleira hizo hincapié en que esa reforma se lleve a cabo con transparencia y, sobre todo, de forma coordinada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. “Necesitamos normas claras, estables y consensuadas y eso solo puede lograrse mediante una reforma legal de amplio alcance y un verdadero trabajo conjunto entre administraciones”, subrayó.

En ese sentido, lamentó el intento del Gobierno central de reformar “por la puerta de atrás” esta normativa a través de una modificación de su reglamento “sin ninguna reunión, aviso o notificación previa a las comunidades”. Además, criticó que el Ejecutivo central apelase a un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en esta materia como justificación para acometer esta reforma.

Dictamen motivado sobre el expediente de infracción

En concreto, Ángeles Vázquez explicó que lo que le pide la Unión Europea a España es modificar ciertos aspectos de la Ley de Costas, advirtiendo de que una reforma reglamentaria no sería suficiente. Además, en ese dictamen motivado el propio Ejecutivo central reconoce ante las autoridades comunitarias la dificultad para aprobar una norma con rango de ley por la falta de la mayoría parlamentaria necesaria.

La conselleira mostró el malestar por haber recibido ese dictamen más de un año después de que fuese enviado al Gobierno central —Bruselas lo emitió en diciembre de 2024 y el Ejecutivo central lo trasladó la pasada semana— y después de que durante todo este tiempo se le negase a las comunidades autónomas el acceso al mismo.

A mayores, también a través de ese dictamen, las comunidades conocieron que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presenta ante Bruselas por iniciativa propia una serie de cuestiones, como la aplicabilidad de la Directiva de servicios a las actividades productivas, o la aplicación de criterios más restrictivos en lo relativo a las concesiones en la costa. En concreto, plantea la posibilidad de denegar prórrogas o paralizarlas hasta la aprobación del nuevo reglamento en los términos propuestos.

Manifiesto conjunto

“Proteger no significa gestionar desde la unilateralidad, ni aplicar criterios homogéneos, restrictivos y arbitrarios que no tengan en cuenta la diversidad territorial, social y económica de la costa española”, dijo Ángeles Vázquez, que añadió que “Galicia no defiende ni la especulación ni la degradación, sino que apuesta por una gestión integral, equilibrada y responsable del litoral”.

Así, la Xunta reivindica un modelo de cogobernanza real en el que las comunidades participen activamente en la definición de los criterios técnicos de los deslindes, en la planificación de la adaptación climática y en la gestión del dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, la conselleira puso en valor la puesta en marcha de un grupo de trabajo entre las comunidades costeras para diseñar con rigor y de forma coordinada una nueva Ley de Costas que garantice la protección efectiva y el desarrollo sostenible del litoral.

De hecho, las comunidades participantes en esta segunda Cumbre nacional del litoral —la primera se celebró el pasado mes de noviembre en Baiona—, pactaron un manifiesto que exige una nueva Ley de Costas, rechaza los reglamentos que impulsa el Gobierno central y solicita una reunión urgente de la conferencia sectorial a la que asista la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Galicia, ejemplo de gestión

Durante su intervención, la conselleira destacó que desde que la Xunta asumió la gestión de su litoral tras el traspaso de funciones y servicios el pasado 1 de julio, “la costa gallega está mucho mejor gestionada” con iniciativas como el registro de autorizaciones y concesiones, el decreto de procedimiento integrado o la solicitud única —frente a la disparidad de criterios entre provincias en cuanto a la duración o tasas a abonar que había antes—.

Además, el Gobierno gallego trabaja también en la puesta en valor del patrimonio costero con medidas como el diseño del Camino del litoral, el Catálogo de bienes de valor cultural que posibilitará dar nuevas utilidades a edificaciones en desuso, o la promoción de chiringuitos biosostenibles.

Para concluir, la conselleira subrayó que Galicia “está demostrando que es posible gestionar mejor desde la proximidad, con conocimiento técnico, rigor ambiental y sensibilidad social”.