Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo hoy un encuentro con representantes de la Comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en el que les trasladó la profunda preocupación de la Xunta ante las pretensiones del Gobierno central de reformar el Reglamento General de Costas para limitar la duración de las concesiones, incidiendo incluso en las ya otorgadas para recortar su vigencia, con el fin de expulsar cualquier actividad del litoral.

Esa es una de las principales conclusiones que saca la Administración gallega de la primera lectura del anteproyecto de Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sacó ayer a información pública el texto —que la Xunta está evaluando a fondo— para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes del próximo 1 de abril.

Ángeles Vázquez destacó ante los responsables de los empresarios gallegos que el anteproyecto constata lo que Galicia viene denunciando en las últimas semanas tras conocer los planes del Gobierno central: que el fin último de esa reforma —como ya intentó en 2018 y 2024— es acortar los plazos de las concesiones en el litoral de manera totalmente arbitraria para eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa, lo que pone en riesgo instalaciones del complejo mar-industria gallego y otras de carácter social asentadas a la orilla del mar.

Además, la responsable autonómica incidió en que los últimos hechos confirmaron que esta modificación del Reglamento no es el resultado de una exigencia de Bruselas sino que fue el propio Ministerio quien le propuso a la Comisión Europea el cambio en la normativa. Y lo hace yendo más allá de lo que le pedía el Ejecutivo comunitario pues pretende, por iniciativa propia, extender la aplicación de la directiva de servicios al sector productivo, incluidas las instalaciones del complejo mar-industria.

La conselleira aseguró que se trata de una noticia terrible desde el punto de vista económico y social pues el proyecto de Real Decreto viene a decir que, de oficio, se les van a cambiar los títulos de concesión a las actividades económicas con el fin de limitar el tiempo de concesión y abre la posibilidad de que, si el concesionario no acepta el nuevo plazo, revocarle la concesión. “El Gobierno central modifica las reglas del juego con la partida ya iniciada y, a quien no esté de acuerdo, lo expulsa del juego”, lamentó la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Por eso, la responsable autonómica criticó que el Gobierno central juegue con el conjunto de la ciudadanía y trate de dar apariencia de obligación impuesta por Bruselas a una cuestión que solo responde a intereses y principios ideológicos. Buena muestra de ello es el hecho de que apenas tres semanas después de recibir las alegaciones de la consulta pública previa —apenas 11 días hábiles— el Ministerio ya tenga el texto del real decreto sin incorporar ninguna de las aportaciones recibidas. “Eso significa que las alegaciones fueron a la basura y que sigue con la hoja de ruta que ya tenía marcada”, aseveró.

En esta línea, subrayó que, tras tener cinco años este asunto en un cajón, ahora el Ejecutivo central acelera al máximo los plazos para aprobar el Reglamento y no modificar la ley de costas o hacer una nueva —como le piden las comunidades autónomas— dado que no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para superar el trámite tanto en el Congreso como en el Senado. Lo hace así por la puerta de atrás y ocultando información pues este Real Decreto —a diferencia del propuesto en 2022 y de otros tramitados por el Ministerio— carece de memoria justificativa y de trámite específico de consulta.

La responsable autonómica advirtió de que estamos ante una vulneración flagrante de los principios de legalidad y confianza legítima en los que se basa el Estado de Derecho pues se busca modificar una ley vía Reglamento para suprimir prórrogas extraordinarias e incluso anular las ya concedidas, coartando los derechos adquiridos por los administrados.

Por eso, Ángeles Vázquez destacó que es más urgente que nunca la convocatoria de una Conferencia Sectorial para que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dé la cara y explique a las comunidades autónomas qué es lo que quiere hacer. Algo que ya debería haber hecho pues es lo que está establecido legalmente, que cualquier modificación normativa debe ser abordada con carácter previo en este órgano de información y consulta a las regiones afectadas.

En este escenario, la Xunta y los responsables de la Comisión Mar-Industria de la CEG acordaron crear un grupo de trabajo para analizar jurídicamente el texto del anteproyecto de Reglamento General de Costas y actuar de manera coordinada en la defensa de los intereses de la comunidad y de las instalaciones asentadas en el litoral. La conselleira recordó que más de la mitad de la población gallega vive pegada a la costa y miles de personas dependen económicamente de actividades vinculadas con el mar y con instalaciones asentadas en el dominio público marítimo-terrestre.