Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para manifestar su malestar con la manera de proceder del Gobierno central en la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas. En este sentido, Galicia exige la suspensión del plazo de alegaciones al anteproyecto de real decreto por la existencia de numerosos defectos de forma y la ausencia de información preceptiva e imprescindible para ejercer adecuadamente, de forma bien fundamentada, ese derecho a realizar aportaciones.

La responsable autonómica recuerda que las comunidades conocieron la publicación del trámite de audiencia e información pública de la modificación del reglamento a través de la web del Ministerio y que el periodo para hacer aportaciones va del 9 de marzo al 1 de abril, por lo que son solo 18 días hábiles, prácticamente el mínimo previsto legalmente.

Y esta situación se da a pesar de que la tramitación del real decreto no se está realizando por la vía de urgencia, dado que no encaja con los supuestos legales previstos. Además, tampoco se justificaría esa urgencia teniendo en cuenta que el procedimiento abierto por Bruselas para modificar la normativa se remonta a diciembre del año 2024.

Ángeles Vázquez incide en que, a diferencia de los dos intentos anteriores del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas, en esta ocasión el texto articulado propuesto no está acompañado de la preceptiva Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Esa memoria suele incluir el correspondiente documento de evaluación jurídica y un estudio de impacto económico y presupuestario en el que se cuantifican las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma. Se trata de cuestiones, todas ellas, imprescindibles para hacer de forma fundamentada las correspondientes observaciones.

Además, no parece aleatorio el hecho de que el Reglamento General de Costas sea el único borrador de real decreto de los publicados en los últimos días en la página de transparencia del Gobierno central que carece de la preceptiva MAIN.

En esta línea, recordó que el Ministerio debería haber seguido el mismo procedimiento que en los anteriores intentos de modificar el reglamento y dar audiencia a la ciudadanía, a las organizaciones y entidades interesadas, así como remitir el texto articulado y la memoria correspondiente a la Xunta. De hecho, las dos veces anteriores le pidió a esta última un informe sobre la normativa del que ahora prescinde.

Ángeles Vázquez urge además la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas de manera presencial para abordar con las comunidades la reforma del reglamento —cosa que ya debería haber hecho antes de iniciar el procedimiento— y la necesidad de elaborar una nueva Ley de Costas —como piden las autonomías— con el fin de garantizar el principio de legalidad y el equilibrio entre el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente.

Concesiones en la costa

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático lamenta asimismo que, tras asumir plenamente la gestión del litoral el pasado 1 de julio, la Xunta aún sigue esperando a que el Gobierno central remita 194 expedientes de concesiones en la costa. Denuncia en este sentido que, de los ya recibidos —un total de 661—, muchos llegaron de forma deficiente, con formatos y documentos que dificultan acceder a la información necesaria para su tramitación.

Explica además que, tras analizar esta documentación, se detectó que más de la mitad de los 248 expedientes recibidos en relación con concesiones en el litoral que están en tramitación son de antes de 2020. Esto denota que el Ministerio mantuvo estos 137 procedimientos parados, guardados en un cajón, durante más de cinco años, con el correspondiente perjuicio para sus titulares.

Una desidia que, según la conselleira, contrasta con la celeridad del Gobierno autonómico, que, desde la asunción plena de las competencias en este ámbito, ya ha sido capaz de resolver más de 900 autorizaciones, informes y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbre de protección.