Bruselas, 16 de marzo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, mantuvo hoy un encuentro con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en el que lamentó que la dejadez del Gobierno central al no transponer la directiva europea sobre energías renovables lastra el desarrollo de estos proyectos en Galicia y contribuye al parón en el que está inmerso el sector eólico.

En esta línea, la responsable autonómica consideró urgente que se incorpore al ordenamiento jurídico español el reconocimiento del interés público superior de este tipo de proyectos —tal como establece la normativa comunitaria—, ya que contribuiría a clarificar la situación judicial y, al mismo tiempo, a avanzar en el cumplimiento de las metas fijadas en el ámbito de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático.

Ángeles Vázquez recordó que la Xunta lleva años aplicando el interés público superior en el impulso e implantación de las energías renovables pese a la inacción del Gobierno central, al que la Comisión Europea ya abrió un expediente en 2024 por no transponer en plazo la normativa europea. Ese procedimiento, incidió, puede terminar en sanción, perjudicando así al conjunto de la ciudadanía española y gallega.

Además, la conselleira trasladó la situación —insólita y única en Europa— que vive el sector eólico en Galicia por el parón judicial, que lastra los avances de la comunidad en el ámbito de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pese a la apuesta decidida de la Xunta por las energías verdes y el despliegue de las renovables.

La conselleira explicó que esta firme voluntad de avanzar en la descarbonización choca continuamente con resoluciones de la Justicia gallega que suspenden las autorizaciones para el desarrollo de iniciativas eólicas, lo que dificulta que el sector gane presencia en la comunidad y pueda contribuir en mayor medida a la reducción de las emisiones.

Y es una situación que se produce, lamentó, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló en agosto del año pasado que la tramitación ambiental de la Xunta de este tipo de proyectos es correcta, al tiempo que existen varias sentencias del Tribunal Supremo que revocan fallos previos de suspensión de parques emitidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La representante del Ejecutivo autonómico recordó que Galicia siempre fue una región puntera en la generación de energía eólica y que el bloqueo actual está provocando que pierda posiciones tanto a nivel nacional como europeo. Por ello, expuso la necesidad de revertir la situación para avanzar en el ámbito de la descarbonización, reducir la dependencia energética del exterior e impulsar la generación de empleo y riqueza en el territorio.

En esta línea, explicó a la comisaria que Galicia aprobó recientemente la Ley del Clima con el objetivo claro de llegar a 2030 con una reducción del 75% en las emisiones de gases de efecto invernadero y con una generación eléctrica renovable del 85%. El fin último es alcanzar la neutralidad climática en 2040, diez años antes de la meta marcada por el Ejecutivo comunitario en este ámbito, pero estas cuestiones dificultan su cumplimiento.

De hecho, si estuvieran funcionando las más de 90 instalaciones eólicas afectadas por recursos judiciales (con una inversión de alrededor de 3.000 millones de euros) se evitaría la emisión a la atmósfera de alrededor de 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, un dato que da cuenta de la importancia que tiene el desarrollo eólico para reducir los gases de efecto invernadero y avanzar en la lucha contra el calentamiento global.

Ángeles Vázquez destacó que el compromiso de la Xunta con el medio ambiente es total, como demuestra el hecho de que solo puedan instalarse parques eólicos en el 22,5% del territorio gallego. Además, las exigencias impuestas a las empresas en este ámbito son tan altas que desde el año 2020 obtuvieron una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable un total de 118 proyectos, mientras que otros 63 (uno de cada tres) fueron desfavorables.

Gestión del lobo

La conselleira y la comisaria también abordaron la gestión del lobo, un asunto en el que la responsable autonómica acusó al Gobierno central de faltar a la verdad en la información que transmite a Bruselas simplemente por motivos ideológicos.

Para desmontar esas afirmaciones le entregó el borrador del informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie que fue aprobado en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad a mediados de julio del año pasado. Ese documento recoge, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, que el estado de conservación del lobo en España es favorable.

No obstante, el informe no fue remitido por el Gobierno central a Bruselas en tiempo y forma —pese a que podía hacerlo— porque su contenido va en contra de la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de seguir manteniendo la declaración de la especie como vulnerable.

La responsable autonómica lamentó ante Jessika Roswall que, por ello, por motivos ideológicos totalmente arbitrarios, el Ejecutivo central no convocó la Conferencia Sectorial correspondiente para aprobar de manera definitiva ese documento sexenal. Por el contrario, elaboró un informe propio que pretende justificar que emplea los criterios de evaluación aprobados por la Comisión Europea cuando en realidad utiliza información subjetiva y contraria a los análisis técnicos realizados por las comunidades.

Ángeles Vázquez señaló además que el Gobierno central ha mostrado su total abandono al sector ganadero frente a los ataques del lobo con la decisión de destinar el año pasado los 20 millones de euros reservados para repartir entre las comunidades autónomas para prevenir y compensar los daños del lobo a ayudas para el despliegue del coche eléctrico. De hecho, recordó, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe a Galicia 12 millones de euros, correspondientes a los fondos de los años 2022, 2023 y 2025.

En cuanto a las poblaciones de esta especie, según el censo elaborado por la Xunta en 2022, están conformadas por 93 manadas y su presencia se extiende en más del 90% del territorio, por lo que su estado de conservación es favorable.

En los últimos dos años (2024 y 2025) se registró una media de 2.019 avisos por ataques de esta especie, lo que supone un incremento del 72% en relación con los 1.174 del año 2021, año en el que el Gobierno central incluyó al lobo de forma arbitraria y unilateral en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). En la misma línea, las reses afectadas por esos ataques pasaron de 2.050 en 2021 a una media de 3.168 en los dos últimos años, lo que implica un aumento del 55%. Esto equivale a que cada día son atacados por el lobo nueve animales.