Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, denunció hoy en el pleno del Parlamento de Galicia el desprecio constante del Gobierno central a las comunidades autónomas en la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y el intento de amordazarlas para hacer una modificación rápida que responda únicamente a sus intereses.

La representante de la Xunta recordó que el Ejecutivo central inició los trámites sin informar previamente a las autonomías, dando poco plazo para presentar aportaciones a la consulta pública previa y sin convocar la preceptiva Conferencia Sectorial de Costas. Una situación de oscurantismo y de celeridad injustificada que se repitió en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de real decreto, publicado el 9 de marzo sin la preceptiva Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) y en el que inicialmente se otorgó un plazo de solo 18 días hábiles para alegar.

La conselleira recordó que fueron los múltiples defectos de forma existentes en el procedimiento y el viaje que ella misma realizó la semana pasada a Bruselas para pedir amparo a la Comisión Europea los que llevaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a rectificar ampliando el plazo de alegaciones hasta el 15 de abril —frente al 1 de abril inicialmente previsto— y enviando la correspondiente MAIN a las comunidades.

No obstante, el Gobierno central sigue sin convocar la Conferencia Sectorial de Costas —algo obligatorio por ley cuando se pretende hacer una modificación legislativa—, lo que demuestra ese afán de silenciar a las comunidades en esta cuestión. De hecho, la negativa a citar a las regiones para abordar este asunto contrasta con la convocatoria ayer mismo de una Conferencia Sectorial para aportar observaciones a un anteproyecto sobre la comercialización de productos libres de deforestación.

Ángeles Vázquez incidió en que esa conferencia se articula por procedimiento escrito, lo que supone un nuevo desprecio a las comunidades autónomas y al Estado de Derecho. Es decir, las conferencias sobre asuntos que no le interesa abordar —como la de la reforma del Reglamento General de Costas o la de la gestión del lobo— ni las convoca y en las que convoca, recurre al procedimiento escrito para evitar un verdadero debate.

En esta línea, la conselleira lamentó que el Ministerio y algunos de sus dirigentes —caso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán— están inmersos en el oscurantismo y en la mentira, con afirmaciones que se descalifican por sí mismas y que son desmontadas pocos días después con las rectificaciones del Gobierno central. Por ello, aseguró que es asombroso que una comunidad tenga que advertirles de que están haciendo las cosas mal, especialmente cuando son reincidentes, al estar en su tercer intento de reformar el reglamento por la puerta de atrás.

La responsable autonómica recordó además que el secretario de Estado de Medio Ambiente es el mismo que en su día dijo que la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga) era como una declaración de independencia, una normativa que fue avalada por el Tribunal Constitucional y que fue la que permitió la asunción plena de las competencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre por parte de Galicia.

El pretexto de Bruselas

Ángeles Vázquez también señaló que el pretexto de que se reforma el Reglamento General de Costas por orden de Bruselas es una falsedad más, pues el Ejecutivo comunitario lo que pide es que se reforme la Ley de Costas —no el reglamento— para adaptarla a la directiva de servicios. Por el contrario, el Gobierno central opta por esta vía reconociendo su debilidad parlamentaria con el único fin de limitar las concesiones y derogar tanto prórrogas ordinarias como extraordinarias y equiparando instalaciones del complejo mar-industria como depuradoras o conserveras con los chiringuitos y otros servicios temporales.

Además subrayó que la urgencia que supuestamente tiene la Comisión Europea no es tal, como demuestra el hecho de que Italia tiene abierto un procedimiento semejante desde el año 2016 y por el momento no le ha impuesto ningún tipo de sanción.

En la misma línea, la conselleira advirtió de que las autoridades comunitarias están preocupadas por el oscurantismo con el que está actuando el Ejecutivo central pues temen que la reforma que entre en vigor genere inseguridad jurídica y litigios posteriores, así como un conflicto social por el impacto negativo que la reforma puede tener, entre otras cosas por la conculcación de derechos adquiridos por parte de los titulares de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre que lleva implícita.