Santiago de Compostela, 29 de abril de 2026

La Xunta lamenta la postura de confrontación que el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, viene manteniendo con el Gobierno gallego en lo que se refiere al anteproyecto de Ley de la Administración Local de Galicia o a la financiación de las entidades locales.

Ante las declaraciones realizadas hoy en el marco de un foro sobre municipalismo, donde volvió a acusar a la Xunta de no permitir al organismo una participación activa en el anteproyecto de la nueva ley, la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, volvió a remarcar que la Fegamp tuvo la oportunidad constante de participar para defender los intereses de las entidades que representa y de presentar las alegaciones oportunas en el plazo correspondiente. De hecho, aclaró que la Xunta ya está evaluando el casi medio centenar de alegaciones recibidas y, por lo tanto, en el actual proceso de tramitación se pretende escuchar todas las aportaciones para alcanzar el máximo consenso posible. Además, posteriormente, el texto será aprobado por el Consello da Xunta como proyecto de ley y remitido al Parlamento de Galicia para continuar con su tramitación parlamentaria, donde podrá seguir enriqueciéndose.

Por ello, tal y como explicó la directora general, el Gobierno gallego lamenta que la Fegamp se mantenga en una postura de críticas continuadas en lugar de adoptar una posición constructiva aprovechando así para sumarse a esta oportunidad de actualizar el marco jurídico con una nueva ley que modernizará la gestión del ámbito local, tras más de tres décadas de vigencia de la normativa actual.

Del mismo modo, también lamentó que el presidente de la Fegamp siga usando las alegaciones para cuestionar e incluso despreciar todo el trabajo previo realizado por diversos profesionales expertos en el ámbito local. Cabe recordar que la elaboración de la nueva ley fue un proceso de revisión integral muy complejo que ya comenzó hace tres años con el objetivo de adaptar a la realidad actual la estructura y el funcionamiento de los municipios, provincias y demás entes locales gallegos a los cambios normativos, sociales y tecnológicos. El anteproyecto es resultado de un proceso participativo que incluyó diferentes estudios, congresos y actividades dirigidas a recoger la mayoría de las demandas trasladadas por el municipalismo.

Por otra parte, en lo que se refiere a las reclamaciones sobre la situación económica de los ayuntamientos, la Xunta recuerda al presidente de la Fegamp que debe dirigirlas al Gobierno central, ya que el sistema de financiación local corresponde al Ejecutivo estatal. Así, lo viene haciendo la Xunta que durante años lleva reclamando al Estado la modificación del actual sistema de financiación local y que se tengan en cuenta criterios como la dispersión y el envejecimiento de la población. Aunque dentro de las competencias autonómicas el Gobierno gallego aborda esta cuestión en la reforma de la ley, es necesario que el Gobierno central modifique el sistema de financiación local y la normativa de bases de régimen local.

En esta línea, el anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia fija un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos introduciendo precisamente los criterios que se le están demandando al Estado. Además, se prevé incrementar la financiación incondicionada, mediante el aumento del fondo base como ya se viene haciendo o se establecerá una garantía de mínimos a todos los ayuntamientos, que aumenta 20 millones de euros respecto al modelo actual. El Fondo de Cooperación Local -que este año alcanza los 187 millones de euros- forma parte de las transferencias de la Xunta a los ayuntamientos que este ejercicio superan una cifra récord de 670 millones de euros.

Además de este aspecto relacionado con la financiación, entre las novedades de la futura ley también se aborda la modernización en la organización y funcionamiento de las entidades locales, la clarificación de competencias o el refuerzo del papel de las diputaciones para garantizar la prestación de servicios, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos, o un tratamiento específico para los ayuntamientos en situación de reto demográfico.