Santiago de Compostela, 15 de mayo de 2026

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió hoy una carta a distintas organizaciones agroganaderas de Galicia animándolas a presentar alegaciones al trámite de información pública abierto por el Gobierno central en relación con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo que debe enviarse a Bruselas. La responsable autonómica advierte de que las aportaciones del sector son vitales para mostrar la realidad de la especie y frenar la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de declarar, de forma totalmente arbitraria, que su estado es desfavorable.

Ángeles Vázquez explica en la misiva que el procedimiento iniciado por el Ejecutivo central —con plazo para la presentación de sugerencias hasta el próximo 27 de mayo— no está previsto reglamentariamente y que parece únicamente una nueva medida dilatoria con la que dificultar la adopción de una posición consensuada sobre el estado de conservación del lobo, basada en los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas, que concluyen que su situación es favorable.

Una situación que se da además en un momento en el que el Gobierno central acumula casi un año de retraso en el envío de los informes sexenales a la Comisión Europea, ya que tenía de plazo para remitirlos hasta el 31 de julio del año pasado y no lo hizo. Esa dilación, precisamente, ya motivó que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra el Reino de España por incumplimiento de la Directiva Hábitats.

La conselleira lamentó que el Ministerio abra este procedimiento de información pública escudándose en que atiende “al interés suscitado en relación con los datos del lobo” y para contar “con aportaciones de interés en la toma de decisiones” con el fin de recopilar argumentos con los que reforzar sus tesis ideológicas y defender ante Bruselas que el estado de conservación de la especie es desfavorable, por lo que necesitaría una mayor protección.

Interpretación subjetiva

La responsable autonómica señala en la carta que la documentación asociada al proceso de información pública son una serie de informes elaborados por el Ministerio que pretenden argumentar que el estado de conservación del lobo en España es desfavorable. Estos documentos parten de una interpretación subjetiva de los datos disponibles basada en criterios extrabiológicos ajenos a la metodología europea y que no se corresponden ni con la realidad objetiva de la especie en el territorio ni con los datos remitidos por las comunidades autónomas.

Ángeles Vázquez aclara que la realidad de la especie es muy diferente a la que pretende mostrar el Gobierno central, pues los datos oficiales disponibles reflejan “inequívocamente” una evolución positiva de la especie en España durante las últimas décadas. De hecho, desde una perspectiva exclusivamente ecológica, el lobo presenta actualmente una dinámica expansiva, una capacidad reproductiva elevada, una funcionalidad ecológica plena y una viabilidad demográfica tanto a medio como a largo plazo. Por estos motivos, su estado de conservación debería ser considerado favorable.

Eso es lo que defienden Galicia y el resto de comunidades con presencia de lobo, que han presentado un informe propio —incluido también en el proceso de información pública— y han reclamado en varias ocasiones la convocatoria de la Conferencia Sectorial para aprobar un documento que refleje la situación real de la especie —favorable— y enviarlo a Bruselas.

La conselleira recuerda que en territorio gallego en los dos últimos años —2024 y 2025— se registró una media de 2.019 avisos por ataques de lobo, lo que supone un incremento del 72% en relación con los 1.174 del año 2021, cuando el Gobierno central incluyó, de forma unilateral y totalmente arbitraria, la especie en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). En la misma línea, el ganado afectado aumentó un 55%, al pasar de 2.050 en 2021 a una media de 3.168 en los últimos dos años, lo que supone una media de nueve animales atacados al día.

Por ello, la representante de la Xunta concluye que la actuación del Ministerio va en contra del equilibrio entre la protección del lobo y la viabilidad de la actividad ganadera. El Ejecutivo central prima lo primero sobre lo segundo, obviando completamente las consecuencias socioeconómicas que la presencia del lobo en el territorio tiene en las explotaciones ganaderas.