Santiago de Compostela, 20 de mayo de 2026

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió hoy que “todos los proyectos mineros son transparentes, públicos y evaluados de manera muy rigurosa por parte de la Administración”, dijo, contando con la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.

Así lo destacó hoy en respuesta a una interpelación en el Pleno del Parlamento, donde precisó que “la apertura de un concurso minero no supone que esa mina vaya a desarrollarse”. “Los proyectos se autorizan después de una larguísima tramitación que es muy rigurosa y con estrictas evaluaciones ambientales”, afirmó, para insistir: “Solamente salen adelante aquellos que son técnica y ambientalmente viables”.

Lorenzana precisó que los proyectos mineros son sometidos a una evaluación ambiental ordinaria y garantista, que comporta un período de información pública por un plazo no inferior a 30 días, al tiempo que se piden los informes sectoriales a los organismos competentes. “Durante ese proceso puede ser consultado por cualquiera”, recordó.

Junto con esto, también quiso hacer hincapié en que, según recoge la Lei de recursos naturais de Galicia, en el procedimiento de otorgamiento de derechos mineros también será clave la valoración de los beneficios sociales y económicos de los proyectos, que representará, al menos, el 40 por ciento de los criterios de selección en la baremación de solicitudes en aquellos procedimientos donde esté prevista la concurrencia competitiva.

“Estamos en un nuevo momento donde la Administración, además de esas garantías y controles técnicos y ambientales y, también, de seguridad y salud laboral, va a tener en cuenta a la hora de adjudicar un proyecto que, efectivamente, repercuta en la ciudadanía parte de los beneficios económicos que el promotor obtenga”. Se refirió, así, al plan social obligatorio que van a tener que incorporar todas las propuestas que se presenten al concurso.

“Queremos hacer un uso racional y eficiente de nuestros recursos”, aseveró, porque Galicia, concluyó, estaría en disposición de poner en valor recursos naturales por un valor próximo a los 7.000 millones de euros, y “no sería responsable no intentar aprovecharlos”.