La Xunta pone en valor el cumplimiento de Galicia en la implantación de la Ley estatal de eficiencia judicial a pesar de ser una norma sin consenso y precipitada
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes abordó en el Parlamento la situación de la Administración de Justicia en la comunidad gallega, con el foco puesto en los cambios que ha supuesto la nueva norma
Lamentó la falta de apoyo económico y el retraso en la puesta en marcha de las herramientas informáticas dependientes del Ministerio de Justicia
Para Diego Calvo, el problema real está en la falta de jueces, fiscales y letrados, sin que la nueva oficina judicial venga acompañada de un incremento de estas plazas por parte del Gobierno central
Santiago de Compostela, 3 de junio de 2026
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, abordó hoy en el Parlamento la situación de la Administración de Justicia en Galicia. En su intervención profundizó en los cambios que ha supuesto la implantación de la Ley de eficiencia judicial, en la que, según afirmó, Galicia ha cumplido, a pesar de tratarse de una norma impuesta sin consenso con las comunidades autónomas ni con los profesionales de la Justicia y precipitada en sus plazos. El conselleiro lamentó también la falta de apoyo económico estatal, el retraso en la puesta en marcha de las herramientas informáticas dependientes del Ministerio de Justicia y la demora en la creación de plazas de jueces, fiscales y letrados, aún pendientes.
Según señaló, en este contexto la Xunta fue capaz de implantar la nueva oficina judicial en tiempo y forma, sin que se registraran incidencias destacables que repercutieran negativamente en la prestación del servicio. “Esto se hizo a costa de ejecutar un trabajo ingente con poco margen de tiempo, de buscar soluciones rápidas a cada problema que iba surgiendo y de realizar un desembolso económico adicional de más de 10 millones de euros, que el Gobierno central no compensó ni parece que vaya a hacerlo”, apuntó.
Diego Calvo se refirió también a la reorganización de las unidades judiciales, que afectó a cerca de 3.000 funcionarios sin que se permitiera realizar una distribución del personal acorde con las necesidades reales de cada órgano judicial, perpetuando un problema que se arrastra desde hace años.
En todo caso, para el conselleiro, el problema real de la Administración de Justicia en Galicia es la falta de jueces, cuya tasa está muy por debajo de la media europea, así como de fiscales y letrados, sin que la nueva oficina judicial venga acompañada de un incremento de estas plazas. En esta línea, lamentó que el anuncio del Ministerio de Justicia de crear 19 plazas para reforzar tribunales de instancia y audiencias provinciales en Galicia aún no se haya materializado.
Recordó también que el Gobierno gallego lleva años solicitando el incremento de unidades judiciales, junto con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Justicia, sin rechazar nunca las concedidas, inferiores a las solicitadas y muchas veces diferentes. Además, lamentó que en los dos últimos ejercicios no se haya creado ninguna nueva unidad judicial en Galicia.