Santiago de Compostela, 8 de julio de 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó someter a votación, en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica celebrada hoy, la propuesta presentada por Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas para pedir la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y promover, con carácter previo, una modificación legislativa desde el consenso.

El argumento utilizado por los representantes ministeriales fue que no se puede votar un proyecto en el seno de este organismo. Sin embargo, lo que realmente pedían las comunidades autónomas era que hubiera un pronunciamiento de los miembros de la Conferencia Sectorial ante la propuesta de resolución presentada, en la que solicitaban, además, que la futura reforma de la Ley de Costas estatal y la posterior adaptación de su reglamento se abordara desde “el máximo respeto a las competencias autonómicas” en relación con las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.

Precisamente, conviene recordar que esta reunión fue convocada hoy por el Gobierno central en respuesta a una petición realizada durante la Conferencia Sectorial del pasado 22 de junio por parte de Galicia, que contó con el apoyo de la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Baleares.

El objetivo de las nueve comunidades era poder abordar con el Ministerio, de forma monográfica y con carácter urgente, el proyecto de Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento de Costas, cuya tramitación anunció a comienzos de este año de forma unilateral y sin abrir ningún tipo de consultas con las comunidades.

En este sentido, por primera vez los consejeros del ramo tuvieron la oportunidad de debatir y opinar ante representantes del Ministerio sobre su intención de introducir cambios sustanciales relativos a la ordenación del litoral y a la regulación de los procedimientos asociados, materias en las que las comunidades costeras tienen competencias exclusivas.

Sin embargo, ante la falta de avances, concreciones o compromisos de ningún tipo por parte del Ministerio durante la Conferencia Sectorial de hoy —a la que ni siquiera asistió la ministra—, desde la Xunta se interpreta esta reunión como una “nueva afrenta y desprecio” a las comunidades costeras por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De hecho, durante el turno de palabra la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, intervino en nombre de la conselleira para insistir en que la reforma reglamentaria, tal y como está propuesta, es un “atropello a las competencias” autonómicas reconocidas en el Estatuto y ratificadas por el Constitucional en la sentencia con la que avaló la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

En esta línea, también advirtió de que, con las modificaciones introducidas, el Estado va más allá de lo que le corresponde, justificando estos cambios en el expediente de infracción iniciado contra España por la Comisión Europea por no transponer correctamente la nueva Directiva de servicios en el litoral.

Sin garantías

Varios representantes de las comunidades lamentaron que el Ejecutivo central utilice como excusa el procedimiento abierto por las autoridades comunitarias para impulsar de forma unilateral y sin diálogo previo una modificación que regula procedimientos de otorgamiento de concesiones atribuidos en exclusiva a los gobiernos autonómicos y sin prever, además, los fondos necesarios para atender las previsibles indemnizaciones que exigirán los titulares afectados por la reforma, lo que generará inseguridad jurídica.

Por ello, insistieron en pedir que todos los aspectos expuestos hoy en contra de la reforma del Reglamento General de Costas, así como el resto de alegaciones presentadas por las comunidades en el trámite de información pública, sean incorporados al proyecto definitivo y se trasladen a la Comisión Europea para que tenga conocimiento del alcance y del contenido de la modificación propuesta por España.

Al respecto, incidieron en que el Ministerio lleva casi seis años dialogando con Bruselas de espaldas a las comunidades, ya que en ningún momento del proceso, ni antes ni durante la elaboración del anteproyecto del nuevo reglamento, consultó con ellas la situación o las posibles soluciones. Por ello, lamentaron la oportunidad perdida en la Conferencia Sectorial de hoy, que terminó sin acuerdos y sin que el Gobierno central diera ningún tipo de garantías de que va a atender sus demandas y trasladarlas a Europa.