Medio Rural realizó ya actuaciones preventivas de gestión de biomasa cerca de las viviendas en casi 5.400 parcelas al amparo del convenio con Seaga
El director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco, presidió hoy la comisión de seguimiento de este acuerdo, que constató también que, además, la Xunta actuó en un total de 771,68 kilómetros de vías municipales, la solicitud de los ayuntamientos adheridos
Son los municipios los que tienen que pedir los apoyos ofrecidos y, por el de ahora, solo 183 de los adheridos lo hicieron, por lo que alrededor del 39% aún no demandaron la ejecución de actuaciones
Actualmente tienen solicitada su adhesión un total de 301 ayuntamientos, de los cuáles 278 tienen el plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado, el que supone un 92% del total
Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2026
La Xunta llevó a cabo ya actuaciones preventivas de gestión de la biomasa en fajas secundarias -los 50 metros que rodean los núcleos de población- en cerca de 5.400 parcelas de 108 parroquias priorizadas al amparo del convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga.
Así se evaluó hoy en la reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo, presidida por el director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco. Estos trabajos son fruto de las muchas posibilidades que ofrece el convenio, a pesar de que es importante señalar que las labores deben ser solicitados por los propietarios de los predios, que pueden contratar la Seaga para llevarlos a cabo a un precio muy competitivo, de 420 euros por hectárea.
En este contexto, hace falta recordar que los titulares de las hincas localizadas en estas franjas tuvieron hasta el 31 de mayo para llevar a cabo la limpieza de sus predios. Es a partir de esa fecha cuando Seaga puede colaborar en la inspección, y posterior ejecución subsidiaria de ser el caso, siempre que los ayuntamientos lo soliciten dentro de los apoyos que se ofrecen en el acuerdo. Así, la fecha de 31 de agosto de este año se enviaron ya a particulares un total de 44.868 diligencias de notificaciones correspondientes a inspecciones realizadas en la anualidad de 2025.
En la actualidad tienen solicitada su adhesión al convenio un total de 301 ayuntamientos, de los cuáles 278 tienen el plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado, el que supone un 92% del total. Por lo tanto, son 12 los municipios gallegos que no manifestaron por el de ahora la voluntad de formar parte de esta iniciativa. Se trata de los de Narón, Oleiros y Sada, en la provincia de la Coruña; Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira y Muras, en la de Lugo; Ramirás, en la de Ourense; e Illa de Arousa, Vigo y Vila de Cruces, en la de Pontevedra.
La solicitud de los ayuntamientos
En todo caso, son los ayuntamientos los que tienen que solicitar los apoyos ofrecidos al amparo del convenio y, por el de ahora, solo 183 de los adheridos lo hicieron. Por tanto, alrededor del 39% de los municipios aún no pidieron la ejecución de actuaciones. Siguiendo esta línea de apoyo, a través de Seaga los ayuntamientos adheridos tendrán también a su disposición ayuda para la revisión o modificación del plan municipal de prevención; así como apoyo para realizar las inspecciones y notificaciones a los titulares de las hincas, siempre y cuando lo pidan.
La comisión de seguimiento constató también que, además, la Xunta actuó en un total de 771,68 kilómetros de vías municipales. Estas labores también tienen que ser identificados y solicitados por los ayuntamientos, que pueden optar a la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales y a la realización de ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año fuera de las parroquias priorizadas.
Así, a través del acuerdo impulsado por Medio Rural en colaboración con Seaga se procura apoyar a propietarios y ayuntamientos en el cumplimiento de sus deberes en relación con la prevención y defensa contra los incendios forestales en las fajas secundarias. La gestión de la biomasa en estas zonas es responsabilidad de los particulares y, en caso de incumplimiento, son los ayuntamientos los que deben ejecutarla de manera subsidiaria, tal y como establece la Ley de incendios. El actual acuerdo, firmado a finales de 2025 y con vigencia hasta el 2029, cuenta con un presupuesto anual de 25 millones de euros, el doble que lo anterior.