Galicia defiende ante el Gobierno central su acuerdo con las demás comunidades cantábricas a favor de una futura PAC equilibrada y justa a nivel nacional

El conselleiro del Medio Rural, José González, defendió hoy, en el seno del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios -en el que participó por videoconferencia-, la postura de Galicia -compartida por el resto de comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica- de cara al desarrollo de la futura PAC 2023-2027. Así, González recordó que ayer mismo Asturias, Cantabria y País Vasco, junto con Galicia, firmaron un documento conjunto que enviaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que exigen al Gobierno Central que contemple las particularidades de sus territorios y explotaciones en la ejecución de estas políticas comunitarias dentro de España. En la reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró positivamente esta propuesta, por su “carácter constructivo”.

El conselleiro de Medio Rural reiteró en este encuentro de trabajo que las explotaciones de la Cornisa Cantábrica se definen por su tamaño pequeño o mediano, así como por su carácter profesional, pero fundamentalmente familiar. También, por una orientación productiva marcadamente ganadera, cara sectores como el lácteo o el cárnico, por lo que hace falta -dijo- que el Plan Estratégico nacional de la futura PAC apoye y reconozca ese modelo de explotación familiar agraria sostenible.

En este sentido, en relación con los pagos directos, José González instó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a corregir el desequilibrio que supone para las comunidades del Cantábrico tener un porcentaje de superficie con derechos de pago de la PAC muy inferior al promedio español. Hace falta, añadió, tomar esta medida como paso previo a una eventual transición cara un sistema de pago por superficie, para no perjudicar más a los territorios del norte de España.

En la misma línea, Galicia -y las demás comunidades cantábricas- rechazan que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos). En parecidos términos, sobre estas ayudas directas a las rentas, las cuatro autonomías demandan una especial atención a las diferentes realidades existentes dentro del Estado en el plano agronómico y socioeconómico, tanto en lo que alcanza a las dimensiones económicas de las explotaciones como a las diversas orientaciones productivas de cada territorio.

En relación con las ayudas acopladas (asociadas a los diferentes sectores), estas comunidades consideran prioritario que se mantengan para los de vacuno de leche, de carne y de ovino-caprino con una dotación cuando menos semejante al período 2014-2020 de la PAC. Con respecto al capping (límite de ayudas), se defiende mantenerlo en los 60.000 euros por explotación, con el fin de favorecer a las pequeñas y medianas granjas propias del norte peninsular, y se ve con preocupación que estos mecanismos pasen a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.

Sobre la definición de agricultor genuino, se defiende el establecimiento de un porcentaje mínimo, que se propone del 30%, de los ingresos agrarios sobre los totales, excepto para los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario, para no perjudicar a los pequeños agricultores de la Cornisa Cantábrica.

Con respecto al pago redistributivo, las cuatro comunidades no comparten que su aplicación deje de ser obligatoria para hacerse voluntaria y reclaman al tiempo un presupuesto “ambicioso”, con un mayor pago a las primeras hectáreas. Esta medida tendría como finalidad beneficiar a las pequeñas explotaciones y a aquellas con una dependencia significativa de los ingresos agrarios, siempre dando prioridad a los agricultores profesionales.

Atención a la España húmeda

Sobre la nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental (conocidas como “ecoesquemas”), los territorios del Cantábrico apoyan que se destine a estas aportaciones el 20% del montante disponible para pagos directos. Pero, al tiempo, lamentan que los ecoesquemas propuestos por el MAPA aborden problemáticas y realidades productivas características, principalmente, del centro y sur peninsular, quedando la España húmeda mucho más desatendida. Reclaman, por eso, entre otras cuestiones, la modificación de las propuestas del Ministerio y la introducción de otros ecoesquemas adicionales, para atender su realidad. A mayores, defienden contemplar, de modo transversal, mejoras como un complemento vinculado a la prevención de incendios.

Por último, en relación con el segundo pilar de la PAC, el del desarrollo rural, la apuesta de las comunidades cantábricas se centra en un reparto equilibrado de los fondos entre los territorios, “dando voz” de manera efectiva a las distintas autonomías a la hora de definir las prioridades de actuación, en función de la realidad y necesidades específicas de su medio rural.