La Xunta solicitará al Gobierno central a gestión de los terrenos del dominio público marítimo terrestre para culminar el traspaso de competencias a Galicia en materia de ordenación del litoral

La Xunta de Galicia solicitará al Estado el traspaso de la gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, con el fin de culminar el traspaso de competencias a Galicia en materia de ordenación del litoral que se inició en 1985. Así lo avanzaron esta mañana a conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la conselleira del Mar, Rosa Quintana, que defienden una gestión de cercanías del territorio costero, pues la Xunta tiene un conocimiento más detallado que la administración estatal.

Tal y como explicó Ángeles Vázquez en un encuentro virtual previo mantenido con distintos representantes del sector mar-industria de Galicia se trata de demandar el traspaso de las funciones y servicios en materia de ordenación del litoral, es decir, su gestión -que no la propiedad de los terrenos-, para simplificar trámites y evitar la duplicidad que provoca la existencia de dos niveles administrativos en esta zona y tomar decisiones más idóneas. Una gestión que Rosa Quintana aseguró que, de conseguirse, beneficiaría al conjunto de las empresas del complejo mar-industria en el que tiene que ver con la tramitación de sus concesiones dotándolas de una mayor seguridad jurídica.

La conselleira de Medio Ambiente aseguró que la Xunta quiere dar un paso más para que Galicia pueda realizar una mejor prestación del servicio público de los más de 2.000 kilómetros de perímetro costero insular y peninsular, en el que se sitúan 5.000 edificaciones, entre las que existen colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud; y en la que conviven inmuebles de diferentes actividades y ámbitos, como el marisquero, pesquero, portuario o de la ordenación del territorio. En definitiva, el Gobierno gallego quiere ejercer de una manera autónoma una política integral del territorio gallego, tal y como hoy en día ya gestiona Andalucía y Cataluña, dos regiones que además tienen la capacidad de conceder los títulos de ocupación y de uso del DMPT, como son el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

En el transcurso de la reunión en la que también estuvieron presentes a directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, más la directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Mercedes Rodríguez, las conselleiras defendieron que una gestión integral del litoral gallego, incluyendo el dominio público marítimo terrestre y los terrenos contiguos sujetos a limitaciones y servidumbres de protección, permitiría aminorar las posibles pérdidas de eficacia en la administración, la reducción de demoras e inseguridad y también la eficiencia en el uso de los fondos económicos.

En ese sentido, Ángeles Vázquez aclaró que es preciso modificar las normativas estatales para facilitar la emisión de informes sectoriales, especialmente en materia de espaldas. Así, también se solicitará una simplificación administrativa, en la línea de la ya realizada por la Xunta en su Ley del suelo, que permita que los informes sectoriales estatales se emitan en un plazo máximo de tres meses, que el sentido del silencio administrativo sea positivo -no negativo, como sucede actualmente-, que sean recopilados por uno único órgano y que se soliciten en uno único momento, ya que en la actualidad deben emitirse antes de la aprobación inicial y de la definitiva.

Modificación de la Ley de espaldas del Estado

La conselleira de Medio Ambiente recordó que esta misma semana la Xunta anunció una propuesta para la modificación de la Ley estatal de espaldas, con el fin de devolver el valor patrimonial a los más de dos mil kilómetros de costa que existen en Galicia. Se trata de una doble modificación de la normativa estatal que permitiría recuperar y darle una nueva vida a los inmuebles que se localicen en el Dominio público marítimo terrestre (*DPMT); así como para adaptarla y coordinarla al contenido de la Ley del suelo de Galicia, en lo relativo a las edificaciones tradicionales existentes en servidumbre de protección.

Recordó que una de las modificaciones hace referencia a la Disposición Transitoria décima del Reglamento General de espaldas para aclarar que el uso residencial y el hostalero son análogos y intercambiables; mientras que la segunda afecta a la Disposición Adicional tercera de la Ley de espaldas, para hacer extensible el régimen contemplado en la misma para los bienes inmuebles declarados de interés cultural a todos aquellos bienes que disfruten de algún tipo de protección patrimonial en virtud de la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural, tanto autonómica como estatal.

Gracias a este cambio se facilitaría la recuperación de antiguas fábricas de salazón, conserveras y pazos, entre otros edificios afectados; y daría cumplimiento a una de las máximas del Gobierno, como es la recuperación del patrimonio *edificatorio de la Comunidad.

Conocimiento próximo

La conselleira de Medio Ambiente destacó el esfuerzo del Gobierno gallego por conseguir un conocimiento exhaustivo y próximo del litoral de Galicia, gracias al diseño e implantación de planes, estudios o normativas impulsadas por la Xunta, como: el Plan de Ordenación del Litoral, las Directrices de Ordenación del Territorio, la Estrategia del paisaje de Galicia, documentos aprobadas en 2011, la nueva Ley del suelo y su reglamento, así como el reglamento de la Ley de protección del Paisaje y de las Directrices del paisaje, que entrarán en vigor el próximo 20 de febrero.

Gracias a estas herramientas, Galicia cuenta con un corpus normativo completo en materia de paisaje y urbanismo, que facilita la labor técnica y los procedimientos administrativos derivados, garantizando la seguridad jurídica y los procesos operativos en el que la planificación, ordenación y gestión del territorio. Con la transferencia de la gestión del DMPT se avanzará un paso más y sobre todo garantizará una mejor gestión de las zonas costeras.