La Xunta aprueba la creación de 24 plazas de funcionarios para los tres nuevos juzgados del Social en A Coruña, Lugo y Vigo
Cada uno de los tres juzgados contará con un plantel de 2 gestores, 4 tramitadores y 2 auxilios, que concentran el 85% del coste de la puesta en funcionamiento de estos órganos judiciales con más de 722.000 euros
El Gobierno gallego invertirá en total 850.000 euros en el juzgado nº4 en Lugo, el nº 7 de A Coruña y el nº 7 de Vigo, tanto en gastos de personal como en la dotación de mobiliario y material informático
La Xunta acaba de aprobar la creación de 24 plazas de funcionarios para garantizar la entrada en funcionamiento de los tres nuevos juzgados del Social, el nº 7 de A Coruña, el nº 4 de Lugo y el nº 7 de Vigo el 31 de marzo.
Cada juzgado contará con un cuadro personal de 2 gestores, 4 tramitadores y 2 auxilios con el objetivo de asignar la estos órganos judiciales de los puestos necesarios para dotarlos de una plantilla suficiente para desarrollar sus funciones. Esto supone en total 6 plazas de gestores, 12 de tramitadores y 6 de auxilios, (tal y como el Gobierno gallego informó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que remitió la solicitud de informe para su creación. El nombramiento de jueces, fiscales y letrados de la Administración depende del Ministerio de Justicia.
La Xunta invertirá 850.000 euros en la creación de estos tres nuevos juzgados, de la que la mayor parte -casi el 85% con más de 722.000 euros- corresponde al coste del personal. Además, la inversión se completará con la dotación de mobiliario y material informático.
La puesta en marcha de estos juzgados fue aprobada por el Ministerio de Justicia tras la petición de la Xunta consensuada con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia a través de la Comisión Mixta de Justicia. El Gobierno central aceptó este año la creación de los tres tribunales propuestos, mientras que en 2019 la Xunta ya había reclamado nuevos juzgados en Vigo, Santiago de Compostela y Lugo y el Ministerio solo había aceptado los dos primeros.
Los tres órganos comenzarán a funcionar el 31 de marzo, tal y como dio traslado el pasado miércoles el Ministerio de Justicia, solo dos días después de que la Xunta hubiese manifestado su desacuerdo por la decisión que una semana antes –el 2 de febrero- el Gobierno central había tomado para retrasar su entrada en funcionamiento tres meses hasta el 30 de junio.
La Xunta considera prioritario la puesta en funcionamiento de estos órganos judiciales para agilizar y aliviar la carga de trabajo de la jurisdicción del Social, que atiende casos de Ertes o despidos y, por lo tanto, de relevancia para las familias afectadas por las consecuencias económicas de la covid-19.
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