La Xunta ya habilitó el espacio y la dotación de los 8 funcionarios y del material del nuevo juzgado de lo social de A Coruña que comenzará a funcionar el próximo miércoles
El director general de Justicia, Juan José Martín visitó hoy junto con el presidente del TSXG, José María Gómez y Diaz-Castroverde las instalaciones del nuevo juzgado nº7 de lo Social en la antigua sede de la Audiencia Provincial
La Xunta destinó 850.000 euros a la puesta en marcha de este órgano judicial, junto con el nº 7 de Vigo y el nº 4 de Lugo, tanto con la aprobación de las 24 plazas de funcionarios para los tres juzgados como con la instalación de mobiliario y equipación informático
El Gobierno gallego destaca la prioridad de estas tres unidades judiciales para agilizar la carga de trabajo de la jurisdicción del Social agravada por los Erte y despidos debido al impacto de la crisis derivada de la covid-19
El director general de Justicia, Juan José Martín, visitó hoy junto con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Diaz-Castroverde, la sede del nuevo juzgado de lo Social de A Coruña, que comenzará a funcionar el próximo miércoles en la antigua sede de la Audiencia Provincial en la calle Capitán Juan Varela.
El juzgado n º7 de lo Social de A Coruña contará con 8 plazas de funcionarios y ya cuenta con todo el mobiliario y la equipación informática necesaria para echar a andar la próxima semana, después de las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta para habilitar este espacio.
También asistieron al acto el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor; el juez decano de los juzgados de A Coruña, Luis Pérez Merino; la secretaria de Gobierno del TSXG, Concepción Otero Piñeiro; y la secretaria de coordinación provincial de A Coruña, María José Gil Taboada.
La Xunta invirtió 850.000 euros en la creación de los 3 nuevos juzgados del Social aprobados para Galicia –el nº 7 de A Coruña junto con el nº7 de Vigo y el nº 4 de Lugo- que estarán operativos desde el miércoles. Cada juzgado cuenta con un cuadro personal de 2 gestores, 4 tramitadores y 2 auxilios con el objetivo de asignar la estos órganos judiciales los puestos necesarios para dotarlos de una plantilla suficiente para desarrollar sus funciones. Esto supone en total 6 plazas de gestores, 12 de tramitadores y 6 de auxilios. El nombramiento de jueces, fiscales y letrados de la Administración depende del Ministerio de Justicia.
En total, 24 plazas de funcionarios aprobadas por la Xunta que suponen, con 722.000 euros, el 85% del coste total de la puesta en marcha de estas tres unidades judiciales. Además, la inversión se completó con la dotación de mobiliario y material informático.
El Gobierno gallego considera prioritario en estos momentos su puesta en marcha para agilizar el trabajo en la jurisdicción del Social. Se trata de una de las que mayor carga tiene por lo que es preciso darle salida lo antes posible a los asuntos pendientes y a los que puedan entrar. Además, debido a la situación de crisis económica derivada de la covid-19, muchos de ellos como pueden ser Ertes o despidos, afectan a miles de familias gallegas.
La puesta en marcha de estos juzgados fue aprobada por el Ministerio de Justicia tras la petición de la Xunta consensuada con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de la Comisión Mixta de Justicia.
También en el marco de la Comisión Mixta, la Xunta y el TSXG solicitaron este mes al Ministerio de Justicia las unidades judiciales correspondientes a 2021 teniendo en cuenta la carga de trabajo de los órganos con el más volumen de asuntos. La propuesta incluye en el caso de A Coruña la creación de un nuevo juzgado del Mercantil, al que se suman 2 plazas de magistrado, una en la Audiencia Provincial de Ourense y otra en la de Lugo.
Por otra parte, la Xunta ya trabaja en la segunda fase del plan de choque y de agilización judicial que se llevará a cabo en este ejercicio en la jurisdicción contecioso-administrativa. La primera fase de este plan, puesta en marcha el pasado junio y en la que el Gobierno gallego invirtió más de 1 millón de euros, se centró precisamente en la actualización del trabajo suspendido por el Estado de Alarma en las jurisdicción del Social y del Mercantil con la creación de nuevos juzgados.