La Xunta renueva su colaboración con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico para impulsar el servicio de gestión de bienes decomisados
El director general de Justicia, Juan José Martín, y el presidente de la Fundación, Manuel Antonio Couceiro, firmaron hoy la renovación del convenio que se mantiene desde 2015 para mejorar la gestión de los bienes incautados en delitos de narcotráfico
La Xunta aportación 15.000 euros a este servicio que permite agilizar la actividad de las unidades judiciales encargadas de estos asuntos, reducir los costes del depósito y gestión de los activos decomisados y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad
Juan José Martín destacó el retorno social que supone el patrimonio decomisado a través de acciones antidroga mediante la adjudicación o cesión de bienes no vendidos a entidades sociales
El director general de Justicia, Juan José Martín, y el presidente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, Manuel Antonio Couceiro, firmaron hoy la renovación del convenio de colaboración para impulsar el denominado servicio de gestión de los bienes incautados al narcotráfico en Galicia. Al acto también acudió el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López.
La Xunta aportación 15.000 euros para que la fundación pueda colaborar con las autoridades judiciales y otros agentes implicados, cuando así se lo requieran, en labores de información y apoyo a los profesionales especializados en las tareas de gestión, depósito y realización anticipada de los bienes inmuebles incautados en procesos de narcotráfico y delitos conexos instruidos en Galicia, con el objetivo de optimizar y mejorar su eficiencia.
El servicio de gestión de bienes decomisados es coordinado por la Fundación Gallega del Narcotráfico en colaboración con el Colegio de Procuradores de A Coruña, entidad especializada para la venta anticipada en cuyas dependencias se depositan los bienes mientras se realizan las gestiones para la subasta autorizada por la autoridad judicial.
La colaboración de la fundación con las autoridades judiciales abarca desde la incautación hasta el final del proceso de prestación del servicio.
Entre las tareas que pueden solicitar a la fundación se incluye la coordinación con los agentes implicados de la recogida del bien y el transporte hasta el lugar de depósito. La organización también podrá orientar sobre los supuestos en los que resulta conveniente la venta anticipada de los bienes e informar sobre las solicitudes de uso y cesión de bienes que le consten.
El Gobierno gallego colabora de esta forma en la lucha contra las drogodependencias, a través del desarrollo de actividades con instituciones encaminadas a potenciar la prevención de este problema que afecta a la sociedad.
El director general de Justicia destacó que este apoyo permite fomentar un servicio que facilita la labor de las fuerzas de seguridad, reduce la carga de trabajo y agiliza el funcionamiento de las unidades judiciales que instruyen procesos de tráfico de drogas, minimizando los costes derivados del depósito y gestión de los bienes decomisados. Además, añadió que se maximiza el beneficio a la sociedad al evitar la pérdida de valor de los activos gracias a su venta anticipada para obtener unos ingresos que redunden en el pago de indemnizaciones a las víctimas. De hecho, una de las principales ventajas del acuerdo es el retorno social de los bienes incautados, sirviendo las diversas acciones antidroga a través de la adjudicación o cesión de bienes no vendidos a entidades sociales y fuerzas de seguridad.
Fruto de la colaboración entre la Xunta y la Fundación Gallega contra el Narcotráfico desde 2015, entre los años 2016 y 2020 se gestionaron 94 bienes decomisados, entre los que destacan turismos, camiones y motocicletas, lo que supone desde la creación del servicio más de 300.000 euros en cuanto al valor de activos gestionados.
Los bienes objeto del servicio consisten principalmente en vehículos, embarcaciones, equipos informáticos y de telecomunicaciones, caracterizados por su rápido deterioro y pérdida de valor que se venden o asignan, en determinados supuestos, a causas sociales. En el período de 2016 a 2020 se recibieron peticiones de 26 entidades para uso social.